ARTÍCULOS

DOI: 10.18046/recs.i12.1680

AGROINDUSTRIA Y EXTRACTIVISMO EN EL ALTO CAUCA. IMPACTOS SOBRE LOS SISTEMAS DE SUBSISTENCIA AFRO–CAMPESINOS Y RESISTENCIAS (1950–2011)¹

AGROINDUSTRY AND EXTRACTIVISM IN THE ALTO CAUCA: IMPACT ON THE LIVELIHOOD SYSTEMS OF AFRO–DESCENDENT FARMERS AND RESISTANCE (1950–2011)

INDÚSTRIA AGRÍCOLA EXTRATIVISTA NO ALTO CAUCA. O IMPACTO NOS SISTEMAS DE SUBSISTÊNCIA DA POPULAÇÃO RURAL AFRODESCENDENTES, E RESISTÊNCIAS (1950–2011)

IRENE VÉLEZ TORRES¹, DANIEL VARELA CORREDOR², SANDRA RÁTIVA GAONA³, ANDRÉS SALCEDO FIDALGO⁴

1 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. irenevt@gmail.com

2 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. danielv_85@hotmail.com

3 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. agarimas@gmail.com

4 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. asalcedofi@unal.edu.co

Artículo de reflexión: recibido 18 /11 /12 y aprobado 08 /10 /13

RESUMEN

La agroindustria y el extractivismo han generado un profundo cambio en las prácticas económicas tradicionales del Alto Cauca en Colombia en detrimento de los sistemas socio– económicos de subsistencia de la población local Afro–campesina. El intenso conflicto armado y la migración forzada han acompañado la instauración de estos modelos de acumulación por despojo. Utilizando una metodología de investigación participativa, este artículo analiza críticamente la disputa por el acceso y la propiedad sobre la tierra y los bienes ambientales del territorio, rescatando el punto de vista de comunidades Afrodescendientes y organizaciones sociales que han resistido desde la colonia y hasta nuestros días para defender sus pueblos y territorios.

Palabras clave: Alto Cauca, agroindustria, extractivismo, uso del suelo, conflicto, Afrodescendientes.

ABSTRACT

Agroindustry and extractivism have generated profound changes in the traditional economic practices in the Alto Cauca in Colombia, to the detriment of the socio–economic livelihood systems of the local Afro–descendent farmer population. Intense armed conflict and forced migration have accompanied the establishment of models of accumulation by dispossession. Utilizing a participatory research methodology, this article critically analyzes the dispute over access to and ownership of the land and environmental assets of the territory. Thus, it aims to foreground the perspective of the Afro–descendent communities and social organizations that have, since the colonial period and continuing to the present day, defended their peoples and territories through resistance.

Key words: Alto Cauca, Agroindustry, Extractivism, Use of Soil, Armed Conflict, Afrodescendents, Afro–descendent Farmers.

RESUMO

A indústria agrícola extrativista tem gerado mudanças profundas nas práticas econômicas tradicionais do Alto Cauca (Colômbia), em prejuízo dos sistemas de subsistência socioeconômicos da população rural Afrodescendente local. O agudo conflito armado e a migração forçada patrocinaram a introdução destes modelos de acumulação por espoliagem. Mediante a aplicação de uma metodologia de pesquisa participativa, este artigo analisa criticamente a contenda pelo acesso e retenção da terra e dos bens ambientais da zona. O objetivo é resgatar a visão própria das comunidades negras e das organizações sociais que, desde as épocas da colônia até hoje, tem–se resistido, com o intuito de proteger os seus povos e territórios.

Palavras–chave: Alto Cauca, indústria agrícola, extrativistas, uso da terra, conflitos armados, Afrodescendentes, Afro–rurais.

Referenciado como la punta del iceberg del conflicto interno armado en Colombia (Arévalo Rodríguez, 2011; Rodríguez Garavito, 2012), el Alto Cauca se ubica en la cuenca alta del Río Cauca, al norte del departamento del Cauca y al sur del departamento del Valle del Cauca. La intensa violencia en esta región se explica tanto por la diversidad de actores e intereses como por la complejidad de las relaciones involucradas en la disputa por el acceso y la propiedad sobre la tierra y los bienes ambientales del territorio. El control militar (legal e ilegal) de la zona sobre las rutas del narcotráfico y del lavado de dinero también constituye una dimensión vinculada a los mecanismos de despojo territorial. En la comprensión de esta configuración histórica de los conflictos regionales no es menos importante la abigarrada respuesta de indígenas, Afrodescendientes, y campesinos mestizos que han resistido desde la colonia para defender sus pueblos y territorios hasta la actualidad.

Durante las últimas seis décadas, la agroindustria de la caña¹ y el extractivismo² minero han generado un profundo cambio en las prácticas económicas tradicionales en detrimento de los sistemas Afro–campesinos basados en la finca tradicional,³ la pesca, y la extracción artesanal de oro y arenas. Además, las formas en que las sociedades locales habitan se han visto afectadas debido al conflicto armado y a la migración forzada que han acompañado la instauración de estos modelos de acumulación por despojo racista (Vélez–Torres, 2012). En medio de la violencia explícita del conflicto armado y de otras formas de violencia de carácter implícito propias de la burocracia estatal, las comunidades y organizaciones sociales han respondido al empobrecimiento a través del fortalecimiento de su movilización y la creación de alianzas, no sólo como medida de oposición, sino también como estrategia de construcción de un plan de vida alternativo y propio (Ng',weno, 2007).

Valiéndonos de la cartografía social como metodología colaborativa de investigación cualitativa (Vélez–Torres et al, 2012), y de una serie de talleres locales de memoria para la construcción de líneas de tiempo, nos propusimos responder la siguiente pregunta: ¿Cómo dos comunidades Afrodescendientes perciben y se movilizan frente a la historia y la geografía de los conflictos asociados a los cambios en el uso del suelo en el valle alto del Río Cauca entre los años 1950 y 2011? Los conflictos más sobresalientes de la región resultaron ser los derivados de la expansión de la agroindustria de la caña de azúcar y la industria extractiva de oro, gravas y arenas. Además de los habitantes locales afectados por estas formas de producción–acumulación, los actores más importantes en la historia de estos conflictos son el sector privado y el Estado, que a través de sus instituciones, planes, proyectos y arreglos legales, han favorecido una visión de desarrollo regional que margina a los habitantes Afrodescendientes de la cuenca. Esta investigación rescata el punto de vista de comunidades y organizaciones sociales locales del valle alto del Río Cauca.

Propondremos que la reivindicación étnica en ascenso que puede observarse en estas dos comunidades, revela no sólo una historia de marginación sistemática en donde el Estado no ha dado garantías ni instancias de decisión a poblaciones rurales y populares culturalmente disidentes del proyecto de nación homogénea, sino una respuesta al racismo ambiental por medio del cual los estados regional y nacional han despreciado los modelos productivos y sociales ideados por estas poblaciones para reponerse de las pérdidas y el trauma que implicó la esclavitud.

Tras esta introducción, el presente artículo está organizado en cuatro partes. A continuación proponemos una contextualización de la historia y geografía regional a partir de un análisis con perspectiva de cuenca (Cohen y Davidson, 2011) y desde la economía política (Harvey, 2007; Bernstein, 2010). En segundo lugar, expondremos la metodología participativa utilizada. El tercer apartado consiste en la caracterización y el análisis crítico de los dos modelos de acumulación que identificamos como la principal fuente de conflictos socio–ambientales en la región (la agroindustria y el extractivismo minero), en contrapunto con las respuestas que las comunidades y las organizaciones locales han creado para resistir al despojo. Y, finalmente, el artículo concluye que estos modelos confluyen en la profundización del empobrecimiento de las comunidades Afro–campesinas que habitan las riberas y afluentes de la cuenca alta del Río Cauca. En dicha transformación del paisaje regional, la responsabilidad histórica de empresas privadas y del Estado colombiano debe ser reconocida y reparada (Vélez–Torres y Vélez–Galeano, 2011) como medida social y económica para garantizar los derechos de las comunidades de la cuenca.

Contexto regional y perspectiva analítica

Analizar la historia de acumulación privada en la cuenca alta del Río Cauca obedece a una decisión política y conceptual (Cohen y Davidson, 2011) que toma al espacio físico y social del río como eje analítico de los conflictos socioambientales locales. Esta escala de análisis no corresponde con una unidad exclusivamente técnica o político–administrativa, sino que se refiere a los procesos de construcción histórica de una geografía económica donde la gobernabilidad territorial es disputada por las comunidades y organizaciones que habitan la región. En este sentido, buscamos (i) caracterizar los procesos de despojo (Harvey, 2007) en contra de las comunidades Afro–campesinas locales, (ii) analizar las articulaciones entre el Estado y los actores privados de la región, y (iii) visibilizar las formas organizativas actuales de comunidades y organizaciones locales, en respuesta a los efectos que sobre sus procesos socio–culturales y económicos ha tenido tal acumulación. Esta sugerida imbricación nos permitió comprender la cuenca alta desde una perspectiva ambiental y socio–política según la cual la planeación territorial, ejercida por los poderes hegemónicos, ha sido contestada por los pobladores locales a través de prácticas territorializadas de resistencia.

Los procesos de despojo en el Alto Cauca demuestran una trayectoria histórica donde la propiedad de la tierra y los usos del suelo (Peluso y Lund, 2011) han sido disputados por una élite regional, conformada por la clase terrateniente, el sector agroindustrial y las corporaciones multinacionales mineras; y, de otro lado, por las sociedades locales de indígenas nasa, Afrodescendientes y campesinos mestizos, quienes han derivado sus medios de subsistencia de prácticas productivas y reproductivas diversificadas con niveles estables de producción y consumo (Bernstein, 2010), fundamentalmente la agricultura de pequeña escala, la minería artesanal de oro y arenas, y la pesca no–intensiva. Actualmente, el creciente empobrecimiento de los hogares, debido a la explotación capitalista del trabajo y de las tierras de estas comunidades, ha llevado a una vasta población a emplearse en la agroindustria y/o a migrar hacia las ciudades desempeñando todo tipo de actividades en la economía informal. El despojo territorial ha implicado proletarización e informalidad laboral que afectan de forma contundente, y tal vez irreversible, la cultura tradicional, las redes sociales e incluso la conservación ambiental del territorio (Taussig y Rubbo, 2011).

La región que aquí denominamos Alto Cauca comprende los municipios ubicados en el norte del departamento del Cauca y en el sur del Valle del Cauca, los cuales hacen parte de la cuenca hidrográfica de este río. Esta zona está formada por las estribaciones del macizo colombiano, de donde desciende el Río Cauca y fracciona a los Andes en dos cordilleras, la central y occidental, delimitando una planicie altamente fértil, heterogénea en su geografía (zonas plana y montañosa) y diversa en su población. Es, así mismo, una región donde las antiguas haciendas y las plantaciones azucareras han sido los escenarios articuladores de relaciones sociales y formas de producción que le dan cierta continuidad cultural e histórica. Según análisis de Urrea y Rodríguez (2012: 129) sobre el Censo de 2005, en el norte del Departamento del Cauca, que hace parte de la región de estudio, el 29.6% de la población se auto–identifica como negra y el 34.1% como indígena.

Las comunidades Afrodescendientes de esta región tienen una larga historia de sometimiento y resistencia que se remonta al siglo XVII, cuando los africanos fueron importados, esclavizados y forzados a trabajar en las minas de oro y en las haciendas coloniales de la Gobernación de Popayán (Colmenares, 1997). Durante el siglo XVIII, los esclavos que lograron liberarse en el Alto Cauca abrieron chagras en terrenos selváticos y comercializaron tabaco y otros productos (Herrera, 2009:159). Durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando las haciendas entraron en decadencia por el fin de la esclavitud y de la minería en el andén Pacífico,⁴ estas chagras tuvieron su auge al incursionar en el cultivo de café y cacao (Taussig y Rubbo, 2011). Por su parte, quienes habitaron la zona de montaña del Alto Cauca complementaron la producción de sus fincas con trabajo minero de pequeña escala, utilizando las mismas técnicas de la colonia (West, 1952: 324).

Durante el siglo XX el Alto Cauca inició una fase de industrialización. Así, mientras las haciendas y viejos trapiches de la zona plana se transformaron en ingenios azucareros, en 1936 la compañía canadiense Aznasú Gold Dredging se posicionó en la zona de montaña y sus estribaciones, e inició la explotación mecanizada de sus placeres auríferos. Los importantes cambios en el uso del suelo que se consolidaron a partir de la mitad del siglo XX nos llevaron a enfocar nuestra metodología y análisis en la caracterización de los conflictos desde 1954, cuando fue creada la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como institución pública impulsadora del desarrollo económico regional, la cual estuvo dominada durante sus primeras cuatro décadas por intereses privados de la vieja élite terrateniente. Desde entonces, las actividades macroeconómicas más importantes y que mayores conflictos socio–ambientales han provocado en la región son la agroindustria y la industria extractivista, las cuales se han articulado en una visión del desarrollo regional que, durante medio siglo, ha empobrecido a los habitantes del Alto Cauca, siendo de nuestro interés el despojo ejercido sobre las comunidades Afrodescendientes.

La conformación de los pueblos de libertos durante el dominio esclavista (Taussig, 1980), y la constitución y participación más reciente de los habitantes locales en el movimiento campesino y cívico popular durante la década de 1970 (Hurtado, 2000), demuestran que la historia de resistencia Afrodescendiente en el Alto Cauca es tan antigua como su presencia misma en este territorio. Durante las últimas dos décadas, y en diálogo con las oportunidades que la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 generaron para el reconocimiento de derechos étnicos y territoriales, estas comunidades han visibilizado su identidad Afrodescendiente y su movilización política. Además, han gestado alianzas con pueblos indígenas de la región para demandar un acceso justo a la tierra y apoyarse mutuamente en sus procesos de movilización, no sin tensiones y contradicciones. Muchos de los procesos de organización social y movilización se derivan de la inequidad estructural que las comunidades Afrontan. El tejido social y comunitario y las redes de organización que han creado entre las diferentes comunidades y organizaciones han hecho del Alto Cauca uno de los epicentros del movimiento étnico durante la última década en el país.

Aproximación metodológica

Con el ánimo de comprender las continuidades y diferencias de esta transformación territorial desde la perspectiva de uno de los actores más invisibilizados en el conflicto, entre 2009 y 2011 desarrollamos esta investigación de forma colaborativa con dos comunidades Afrodescendientes y las organizaciones sociales más representativas de cada territorio: el corregimiento de El Hormiguero en la planicie, y el corregimiento de La Toma en la montaña. Esta metodología participativa (Fals Borda, 1979 y 2001) y colaborativa tuvo dos estrategias cualitativas complementarias. Por un lado, talleres de memoria local con la participación de mujeres y hombres, jóvenes, adultos y adultos mayores. En ellos construimos líneas de tiempo que identifican episodios relevantes relacionados con cambios en el uso del suelo y los conflictos socio–ambientales generados, sus actores y los intereses en disputa. Por otro lado, construimos cartografías sociales de uso y ocupación del suelo en cada territorio. Para ello, realizamos talleres en las dos comunidades donde los habitantes produjeron mapas a mano alzada que representan, en varias cartas, los cambios en el uso y ocupación del suelo y los conflictos generados (Vélez–Torres et al, 2012). Estos datos fueron complementados con una lectura satelital de uso del suelo en las dos zonas y recorridos de campo, donde caracterizamos y georeferenciamos prácticas productivas tradicionales amenazadas y los principales puntos de conflictos socioambiental.

Esta investigación fue realizada con y para las comunidades y las organizaciones sociales de la región, en particular los Consejos Comunitarios de El Hormiguero y La Toma, el Palenke del Alto Cauca (organización social regional) y el Proceso de Comunidades Negras, PCN (organización social nacional). Las dos estrategias usadas –línea del tiempo y mapas sociales– buscaron complementar dos tipos de relatos propios de la experiencia rural: la oral, representada en los relatos históricos y de memoria de los mayores sobre sus propias comunidades, y la visual, representada en la caracterización de sus territorios en mapas. En ambos casos buscamos generar una sistematización escrita, pero sobre todo un dialogo de lenguajes que arrojara piezas comunicativas de utilidad pedagógica y política para apoyar las acciones de las organizaciones involucradas.⁵

Dos modelos de acumulación en el Alto Cauca: sus conflictos y sus resistencias

La última etapa de despojo en el Alto Cauca inició en la década de 1950 en la zona plana, cuando se consolidó y expandió el monocultivo de caña de azúcar. La élite regional terrateniente definió el plan regional que impulsaría la conexión vial Cali–Jamundí y la conexión energética con la represa La Salvajina. Ambos proyectos estuvieron relacionados con los planes de expansión urbana de Cali y de industrialización de la producción agraria (Pérez y Álvarez, 2009).

Los intereses privados han sido las principales fuerzas de cambios en los usos del suelo, pero también es posible observar una respuesta favorable a estos intereses por parte del gobierno regional y nacional, los cuales, en distintos momentos históricos, han presentado a estas industrias como motores de bienestar y desarrollo, a la vez que han moldeado las instituciones y la legislación para favorecer la acumulación del sector privado. Esta complicidad le ha impedido al Estado reconocer y corregir los efectos de la especulación sobre los usos del suelo y del subsuelo e identificar y reparar los daños socio–ambientales y culturales que estos cambios han generado en las comunidades locales. El despojo ha derivado en la pérdida de la autonomía y control de las comunidades sobre el territorio, entendiéndolo como el espacio habitado, los procesos sociales y económicos desarrollados, y la relación productiva pero también simbólica con el espacio físico y la estructura ecológica local (Escobar, 2000).

Al ser los habitantes Afrodescendientes los receptores de los impactos de la acumulación de capital a nivel local, es posible argumentar que esta segregación étnica de los impactos (o externalidades negativas de los modelos de producción intensiva y extracción a gran escala) es una forma de racismo ambiental⁶ que profundiza el empobrecimiento y la marginación social, económica y ecológica de las comunidades Afrodescendientes (Martínez– Alier, 2002; Alimonda, 2011; Vélez–Torres, 2012). Frente a este racismo espacializado, las comunidades se han movilizado para reivindicar sus derechos, demarcando una historia alternativa y no–hegemónica de resistencia que nos lleva a considerar al Alto Cauca desde la geografía de sus conflictos, pero también desde la geografía de sus resistencias (Hurtado, 2000; Oslender, 2009).

A continuación, caracterizamos estos dos modelos de acumulación por despojo desde la perspectiva de sus habitantes y de algunas organizaciones sociales con trabajo territorial en esta zona. Cada modelo está basado en una industria (agrícola y extractiva), que analizamos en relación con la estructura Estatal que le soporta y con el proceso de especulación que genera. Además, en la caracterización que realizamos a continuación tomamos en consideración las respuestas de oposición por parte de las comunidades y organizaciones locales al acaparamiento de tierras y bienes ambientales, las cuales demuestran su vigorosa capacidad para resistir a las transformaciones impuestas por agentes económicos privados.

La agroindustria de la caña de azúcar

Las adaptaciones del suelo y del río para la siembra y procesamiento de la caña de azúcar constituyen un fenómeno regional que ha generado conflictos y respuestas diferenciadas en las dos comunidades estudiadas. Durante los talleres de memoria y cartografía social, los participantes de los talleres identificaron transformaciones directamente relacionados con la industria azucarera, tanto en la zona plana como en la zona alta. En El Hormiguero (zona plana) se recordó la rápida avanzada del monocultivo de la caña de azúcar, mientras que en La Toma (zona de montaña) se relacionó este monocultivo con la construcción de la represa La Salvajina, la que ayudó a contener las inundaciones que año a año afectaban las plantaciones de caña en la planicie.

Es importante señalar que la producción industrial de azúcar comenzó en Palmira y en el norte del departamento del Valle del Cauca a comienzos del siglo XX gracias a que la región logró conectarse con mercados internacionales por medio del ferrocarril del Pacífico y el Canal de Panamá (Bermúdez, 1997). Los habitantes de El Hormiguero narraron la llegada y expansión de este monocultivo a sus comarcas a partir de varios hitos históricos locales: el primero, cercano al año 1948, cuando se construyó un ingenio cerca al corregimiento que inició el cultivo tecnificado de caña de azúcar en la zona; el segundo a partir de 1960, cuando el rompimiento de relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos fortaleció la expansión de la producción colombiana para satisfacer la demanda norteamericana; y el tercero, en el año 1985, cuando se terminó de construir e inundó la represa La Salvajina en el territorio de La Toma, con los propósitos de generar energía eléctrica y controlar las inundaciones (Quintero, 2010). Fue así como las plantaciones de caña comenzaron a expandirse sobre humedales, reductos de bosque y enclaves de campesinado.

¿Cómo vivían las comunidades de la zona plana antes del monocultivo de la caña? Al final de la década de 1940, la subsistencia de los Afrodescendientes habitantes de El Hormiguero dependía de un complejo sistema poliproductivo que articulaba diferentes actividades. En ese entonces, las inundaciones periódicas por las crecidas del Río Cauca y la existencia de viejas haciendas ganaderas y agrícolas que acaparaban los suelos no inundables de la zona determinaban unas difíciles condiciones geográficas, a las que los habitantes de esta zona supieron adaptarse rotando actividades de subsistencia según la época del año y empleándose de forma permanente o periódica en las haciendas. Tal como se observa en el mapa histórico que produjo la comunidad de El Hormiguero (ver Mapa 1), a mediados del siglo XX ellos y sus padres aprovechaban la zona inundable despreciada por los hacendados y allí levantaron la mayoría de sus viviendas y fincas. En estas ellas,

No había un cultivo exclusivo, si no que era un cultivo [en el] que se entremezclaban otras cosas, por ejemplo, una aquí sembraba maíz, y por ahí mismo tiraba la semillita de frijol. Y entonces, por allá, en un pedacito, le nace el zapallo, la naranja, la badea y el banano. Lo otro que se cultivaba mucho era el café y el cacao, que era lo que uno tenía para vender en Cali o Puerto Tejada. (Mujer mayor, participante en Taller de memoria, corregimiento de El Hormiguero, 2011).

La variada producción de las fincas permitió a los habitantes de este corregimiento acceder a frutas y pancoger durante la mayor parte del año, en complemento a los salarios que devengaban algunos integrantes de la familia, empleados en los hatos ganaderos más alejados del Río Cauca. Durante las estaciones lluviosas de los meses de abril–junio y octubre–diciembre, los habitantes del Hormiguero aprovechaban la abundancia de pescado en las madres–viejas (humedales y antiguos cauces del río) formados por las inundaciones, y cosechaban café, que luego vendían en los mercados regionales. Estas inundaciones, además, fertilizaban los suelos de las fincas, haciendo que sus propietarios no necesitaran el uso de agroquímicos para mantener su producción. Durante el tiempo seco, en los meses de enero–marzo y julio–septiembre, remplazaban el pescado por animales de corral y aquellos que cazaban en los últimos reductos de bosque nativo a orillas del Río Cauca, tales como armadillo, chucha e iguana. También aprovechaban los playones formados por la crecida para recoger y comercializar arena. Durante estos meses se multiplicaban las ofertas de trabajo en las haciendas por las cosechas de cultivos rotativos, como arroz, maíz, frijol, soya y girasol sembrados por los terratenientes a partir de 1940:

Todos íbamos a trabajar [a los cultivos de las haciendas]. Comenzando por que eso era manual, era a arrancar el arroz con la mano y el frijol también. Así teníamos trabajo y, de paso, [los hacendados] nos daban 'requisas',, que son las pepas que quedan en el cultivo después de que la máquina corta las matas para la resiembra (Participante en Taller de memoria, corregimiento El Hormiguero, 2011).

El régimen de inundaciones del Cauca, que proveía proteína animal, mantenía reductos de bosque nativo para abastecerse de madera y caza, al tiempo que fertilizaba las fincas tradicionales y mantenía las zonas inundables alejadas de los deseos y ambiciones de los hacendados por expandir sus propiedades.

Ahora bien, ¿cómo se expandió el monocultivo azucarero por el Alto Cauca? ¿quiénes impulsaron esa expansión y qué conflictos generaron? En 1945 los hermanos Garcés Giraldo importaron de Escocia un pequeño ingenio azucarero de 150 toneladas de molienda diaria con el cual transformaron su viejo trapiche panelero en la empresa Ingenio Meléndez, que concentró sus esfuerzos en la ampliación tecnificada del cultivo de caña de azúcar en sus predios del costado izquierdo del río Lili, colindante con el territorio de El Hormiguero (Constructora Meléndez, 2012). Los Garcés seguían el ejemplo de otros terratenientes vallecaucanos que se habían enriquecido creando a comienzos del siglo XX los ingenios Manuelita, Providencia y Río Paila.

Para los terratenientes e industriales del Valle, los humedales e inundaciones periódicas sobre las zonas planas eran un obstáculo para la viabilidad de su proyecto agroindustrial (ver Foto 1). Gracias a su activa gestión, en 1954 se constituyó la CVC como institución pública encargada de promover el desarrollo de la región (Quintero, 2010).

El gobierno regional, y las élites terratenientes que lo copaban, le declararon la guerra a estas inundaciones y fue así como entre 1956 y 1961 la CVC diseñó y ejecutó el proyecto 'Distrito de Riego Agua Blanca' en Cali, que incluyó las obras del jarillón del Río Cauca y la canalización de sus afluentes con el fin de contener las aguas en época de creciente y habilitar 5.600 hectáreas al oriente de esta ciudad para la expansión agrícola y urbana (Vélez–Torres y Vélez Galeano, 2011). Esta obra hizo parte de un proyecto más amplio de canales de drenaje y diques a lo largo del valle geográfico del Río Cauca (Perafán, 2005:7). Este proceso de desecamiento de humedales, inspirado en la regulación del Río Tennesse en Estados Unidos, y transmitido como proyecto de desarrollo por los funcionarios del Banco Mundial a las élites terratenientes del Valle del Cauca (Escobar, 1998; CVC, 1985), coincidió con el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba, su principal proveedor de azúcar hasta ese momento. Los dueños de los ingenios colombianos aprovecharon la oportunidad para incrementar su producción azucarera y suplir el vacío de la oferta que representaba Cuba.

Posteriormente, en la década de 1980, la CVC construyó la represa Salvajina en la zona montañosa del Alto Cauca, en el territorio en que hoy se asienta el Consejo Comunitario de La Toma. Con la construcción de esta represa, las familias hacendadas del valle del Río Cauca buscaron asegurar la expansión del monocultivo de la caña. La ilusión creada por este proyecto tuvo dos caras: por un lado, la de ser el primer proyecto multipropósitos del país, el cual descontaminaría el río, contraloría su caudal y generaría energía para la industria, lo que creó grandes expectativas de desarrollo económico regional. Por otro lado, al construirse en una zona rural que no había tenido conexión eléctrica, La Salvajina generó en los habitantes de La Toma y en las comunidades vecinas, no sólo del Fondo Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. la esperanza de dicho acceso, sino la responsabilidad moral de dejar construir la represa inundando sus tierras para que la electricidad llegara a todo el territorio y las inundaciones de la zona plana cesaran. Ambos aspectos suponen un principio implícito de dominio tecnológico de la naturaleza, promesa de los discursos de progreso y desarrollo que los actores privados y los gobiernos regional y nacional se encargaron de exaltar en el proyecto.

Debido a las regalías que comenzó a recibir gracias a la generación hidroeléctrica, la construcción de La Salvajina convirtió al antiguo corregimiento de Suárez en un municipio. Por su parte, los habitantes quedaron sorprendidos de ver ante sus ojos lo que parecía imposible: el caudal del furioso Río Cauca cortado en la zona conocida como 'Salvajina' precisamente por la fuerza de las aguas. Las ilusiones creadas se demostraron espejismos de progreso que el Estado no fue capaz de alimentar por mucho tiempo (Coronil, 1997). Los habitantes locales pronto descubrieron el engaño que un habitante del corregimiento de La Toma describe diciendo 'Nos prometieron progreso y empleo, pero incluso trabajadores y alimentación fueron traídos de fuera. Fue un completo engaño' (Entrevista a hombre mayor, corregimiento de La Toma, 2011). Además, las tierras inundadas fueron mal avaluadas y pobremente pagadas; el agua potable, el saneamiento, y una conexión eléctrica adecuada nunca llegó más allá de la cabecera municipal.⁷

Por otra parte, en la zona plana, el proyecto de La Salvajina pareció volverse en contra de las comunidades Afro–campesinas. Los habitantes del Hormiguero recuerdan al año 1984 como momento de la última gran inundación en su territorio: 'La última que fue fuerte, que trajo recursos, que dejó la playa llena de pescado y pudimos recoger para llevar a la casa' (Participante Taller de memoria, corregimiento El Hormiguero, 2011). Al mismo tiempo,

Las madres viejas⁸ comenzaron a desaparecer a medida que los ingenios cañicultores adaptaban los terrenos de Cali para esos cultivos. Resulta que los ingenios, para poder sembrar un terreno, deben adecuarlo para que no haya desniveles. (...) Porque era mucha pérdida que esa caña estuviera dos o tres meses bajo el agua. Por eso ellos tenían que hacer que esas madres viejas desaparecieran, irlas tapando (Participante Taller de memoria, corregimiento El Hormiguero, 2011).

Así, la represa construida en Suárez comenzó a cumplir su cometido de ayudarle a los cultivadores de caña de azúcar a eliminar los pantanos y humedales de la planicie para aumentar la tierra dedicada a la agroindustria. Otras transformaciones del ecosistema fueron descritas por un habitante del corregimiento así:

Como para la caña usted necesita esa mesita plana y seca, a todo ese terreno al borde de la ribera del río le tumbaron el poquito de bosque que le quedaba. [...] Así fue como nos quedamos sin monte para cazar, sacar maderas y hacer nuevas fincas, y los pájaros se quedaron también sin casa, porque lastimosamente ahora la vida de ellos es peor que la de nosotros (Participante Taller de memoria, corregimiento El Hormiguero, 2011).

Las aves asociadas a los bosques y humedales jugaron un papel fundamental en el sistema de fincas tradicionales, al ser ellas dispersoras de semillas y garantes de la diversidad genética de los cultivos campesinos. Todavía es común, en las pocas fincas tradicionales que sobreviven, que el primer racimo de plátanos que madura se deja como alimento para aves, y no para la familia, con lo que el campesino pretende proveerse de las semillas que el ave previamente consumió en otros cultivos de la región. Por otro lado, en El Hormiguero la expansión de la caña de azúcar implicó la intensificación del uso de pesticidas y abonos, lo que trajo otro tipo de consecuencias para las fincas:

Como ellos [los cañicultores] necesitaban los pesticidas para evitar enfermedades, entonces eso que ellos comenzaron a usar creó unos desniveles en la naturaleza. Por ejemplo, cuando yo fumigo con insecticida estoy matando ciertos animales que eran los que fertilizaban la flor –digamos– de la guanábana, por eso fue que comenzamos a tener problemas con la producción de guanábana y de otros tantos productos, porque ya no tuvimos quién la polinizara [...] por allá cuando 'el diablo', estaba chiquito, se veía más diversidad de mariposas y también salían las candelillas que alumbraban por la noche (Participante Taller de memoria, corregimiento El Hormiguero, 2011).

Es evidente que las transformaciones ambientales producidas por y para la expansión de la agroindustria azucarera en la zona plana generaron desequilibrios en la sociedad Afro–campesina local, más cuando el sistema agrícola de las fincas se beneficiaba de los nutrientes arrastrados por las inundaciones, de los insectos polinizadores y de las aves dispersoras de semillas que se redujeron con la homogenización del paisaje. Por otro lado, la agricultura en las fincas ubicadas en el Hormiguero dejó de ser una actividad rentable cuando no pudo complementarse con la pesca, la cacería en el bosque y con el trabajo temporal en las haciendas. Además, a medida que la caña comenzó a ganar terreno, así también se afectaron los cultivos de pancoger con pesticidas y quemas,⁹ obligando a los Afro–campesinos a vender la tierra a precios bajos y a trasladar sus viviendas a la cabecera del corregimiento. Frente a la decadencia de las fincas, los hormigueños optaron por el 'rebusque', volcándose al Río Cauca para extraer arena de forma intensiva.

Los primeros que comenzaron a extraer arena lo hicieron en la década de 1950. Entonces, la extracción arenera se veía como un complemento de la economía familiar y una actividad que solo se realizaba en verano, cuando el caudal del río dejaba al descubierto grandes playones. Con la intensificación del cultivo de caña y la crisis de las economías Afro–campesinas desde 1985, los pobladores del corregimiento se vieron obligados a depender cada vez más de esta actividad. La introducción de nuevas tecnologías como los malacates¹⁰ les permite acceder a los depósitos de material del lecho del río durante todo el año sin depender del cambio estacional. Durante el invierno, el arenero artesanal se ve obligado a pagar al dueño del malacate por el viaje de arena que vende en la playa del pueblo. La mayoría de dueños de malacates son foráneos y operan sin ningún tipo de licencia o control, al igual que lo hacen las dragas instaladas por algunos hacendados desde 1970. Durante el verano, los areneros todavía emplean baldes manuales con los que recogen arena en los playones, compitiendo con las dragas de los hacendados.

Cuenta la historia que fue la 'abuela Sardi', matrona de la principal familia de hacendados del corregimiento, la que, por ver a 'un montón de negros en fila cargando arena por el río, le puso el nombre de Hormiguero a este pueblo [cabecera del corregimiento], cambiando el nombre original que tenía –El Alizal–' (Participante Taller de memoria en El Hormiguero, 2011). Es así como el peso de categorías raciales y las estructuras del poder hacendatario determinan que actualmente en Cali se naturalice la extracción artesanal de arena como la actividad económica 'tradicional' de la gente de El Hormiguero, borrando de la memoria colectiva su pasado agricultor, la importancia que tuvieron en el abastecimiento de alimentos para la ciudad, y el violento cambio social que experimentaron en la segunda mitad del siglo XX.

El extractivismo minero

Uno de los impactos más importantes que generó la construcción de la represa La Salvajina para los habitantes de La Toma, en el municipio de Suárez, fue la dependencia económica frente a la minería y la mayor extracción a través de la técnica de filón.¹¹ Antes de inundado el Río Cauca, en 1985, los habitantes locales realizaban principalmente minería aluvial en las orillas del río en complemento con actividades agrícolas. Sólo ocasionalmente realizaban minería de filón en los cerros y montañas del territorio. Tras la inundación, los habitantes que trabajaban la minería artesanal en el río perdieron su principal medio de subsistencia, las tierras fértiles de las vegas y, en consecuencia, se vieron forzados a incrementar su actividad minera en la zona de montaña. La inundación de las tierras utilizadas para la agro–minería tradicional no sólo implicó la intensificación de la minería en la zona de montaña, sino también la competencia sobre el espacio físico requerido para la agricultura. Esta transformación del paisaje la explica con contundencia un representante del Consejo Comunitario de La Toma:

Para nadie es un secreto que, como las mejores tierras productivas quedaron al lado de La Salvajina o tapadas por agua, tocó subirse a lo que nosotros le llamamos 'la loma',. Y dice una mayora que en esas lomas solamente se da rabia [...] Entonces quedaron sólo los filos [de las montañas], y la gente comenzó a hacer agricultura en algunas zonas boscosas; pero como no eran terrenos muy fértiles, la agricultura no dio. La agricultura [en las lomas] no resultó rentable como lo era en el cañón de La Salvajina, porque allá no había que fertilizar para nada y los cultivos duraban años [sin necesitar rotación]. Pero ahorita en la loma no, en la loma los cultivos casi no duran y hay que fertilizar mucho (Adulto líder, participante en Taller de memoria, corregimiento de La Toma, 2011).

El resultado de la apropiación que hizo la CVC de las tierras fértiles del territorio de La Toma debilitó la práctica tradicional agro–minera y, por ende, la competencia por el acceso a las tierras no se hizo esperar. Asimismo, habiéndose inundado la tierra más fértil y los mejores playones para la extracción artesanal de oro, muchos habitantes del corregimiento se vieron forzados a migrar hacia las ciudades de Florida y Cali, en el Valle del Cauca, y a Bogotá. Los habitantes locales recuerdan las fincas agro–mineras ubicadas en las orillas del Río Cauca como espacios de abundancia donde se podía encontrar pescado, frutas, verduras, fibras vegetales para el tejido de esteras y canastos, playas para el barequeo, etc.

Hasta la inundación de La Salvajina, la minería y la agricultura eran actividades estacionales y complementarias. Diferentes productos para el consumo local y para la comercialización regional se cultivaban en las épocas de invierno (durante los meses de abril–junio y octubre–diciembre) en las que no era posible hacer minería en los ríos. En los periodos anuales de verano (durante los meses de diciembre–febrero y julio–septiembre), mientras los cultivos crecían, la comunidad trabajaba la minería de aluvión a orillas de los ríos, y con el oro extraído se complementaba la economía familiar de subsistencia. La construcción de La Salvajina des–reguló este ciclo económico a causa del acaparamiento de las tierras y del río mismo, el cual había servido como medio de transporte de personas y alimentos hacia Cali, así como espacio de pesca y recreación. Quienes no migraron, tuvieron que centraran su actividad productiva en la extracción de oro, apoyándose débilmente en el cultivo de café cuyo mercado ha sido inestable y su precio irregular.

En el corregimiento de La Toma la actividad minera se intensificó de tres formas: (i) realizando mayor minería de aluvión en el río Ovejas y en otras quebradas del territorio; (ii) buscando opciones de excavación superficial y extracción de oro por lavado; y (iii) abriendo nuevas minas y profundizando las existentes para extraer oro de filón. En todos los casos, este cambio ha implicado en los habitantes una mayor tecnificación que se ha combinado con los métodos tradicionales. Sin embargo, la tecnología siempre requiere una inversión económica, por muy baja que sea, y ello ha terminado por excluir a aquellos que carecen de capital (Dussel, 1984; Santos, 1979). Si bien la competencia por el uso de la tierra no ha sido dramática a nivel local, sea por la migración o por los principios solidarios y el manejo colectivo de las minas, la necesidad de invertir en tecnologías para asegurar mayores niveles de cantidad y eficiencia en la extracción del oro ha comenzado a inquietar a los líderes locales, quienes a la par de este fenómeno han diseñado estrategias de cooperativismo, rotación de turnos de trabajo, entre otros mecanismos, para compensar la escasez tecnológica que deriva en menor rentabilidad de las minas.

No obstante, la principal preocupación de los líderes y habitantes locales no ha radicado en las barreras en el acceso a la tecnología. Muy pronto, después de la operación de La Salvajina, llegaron al corregimiento las primeras retroexcavadora con dueños ajenos a la comunidad. En 1994, luego de haber trabajado tres años, las primeras cuatro retroexcavadoras fueron expulsadas por la movilización de los pobladores locales, quienes vieron amenazado su medio de subsistencia, la sustentabilidad y la tranquilidad de su territorio. Sólo un año después, cerca de 20 retroexcavadores con dueños antioqueños llegaron al río Ovejas, causando el desvío de su cauce y la inundación de varias fincas. En ese mismo año, La Salvajina se privatizó pasando a ser propiedad de EPSA (Empresa de Energía del Pacífico S.A.) y se inició un proyecto para el trasvase del río Ovejas.

Después de perder al Río Cauca como espacio productivo, recreativo y de movilidad, el río Ovejas representa para la población local un importante espacio para la extracción artesanal de oro y un espacio valorado por su significado paisajístico, recreativo y cultural; es un símbolo de dignidad que no se dejarán arrebatar, según afirma una mujer joven habitante del corregimiento. Así, apoyados en los derechos étnicos (en los que se engloban derechos adquiridos sobre territorios tradicionales), reconocidos a poblaciones Afrodescendientes en la Constitución del 1991 y concretados en la Ley 70 de 1993, la comunidad de La Toma confrontó la doble amenaza representada por el trasvase y las retroexcavadoras a través de una audiencia pública realizada en febrero de 1995. Las autoridades presentes (Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, CRC –Corporación Autónoma Regional del Cauca–, Gobernación del Cauca, Alcaldía Municipal, Procuraduría y Defensoría del Pueblo), exigieron el retiro de las retroexcavadoras y un estudio de impacto ambiental para el trasvase, el cual se demostraría inviable en 1997.

Si bien parecía que la autonomía territorial de la comunidad de La Toma había triunfado sobre los intereses privados de acumulación por despojo, muy pronto se enfrentarían a la que ellos consideran la amenaza territorial más violenta de su historia. Desde el año 2000, y por los cuatro siguientes, el grupo paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), comandado en esa zona por Hébert Veloza alias H.H, controlaría el territorio desde el vecino poblado de Timba. Además del control militar, la migración forzada, el asesinato masivo y selectivo, las amenazas y la criminalización en contra de todos los líderes locales, las comunidades han denunciado que durante este periodo se otorgaron títulos mineros a personas jurídicas y empresas privadas a espaldas de los habitantes y en territorios que, al ser poblados por Afrodescendientes, exigen la realización de Consulta Previa Libre e Informada para la ejecución de cualquier proyecto que afecte directa o indirectamente las prácticas y costumbres de la población local (Convenio 169 de la OIT, adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991).

La presencia paramilitar facilitó las actividades de exploración en la medida en que desalojó a pobladores locales, presionó por vía de las armas la venta de predios, y controló la movilización y la denuncia de los líderes a través de su asesinato, amenaza y desplazamiento. Como resultado, la sociedad Kedahda S.A., filial en Colombia de la corporación multinacional Anglo Gold Ashanti (Muñoz et al., 2010), terminó en 2004 con una titulación de 50.000 hectáreas entre los municipios de Suárez y Buenos Aires para realizar explotación de oro y otros minerales. Además, la empresa también ha utilizado la figura del testaferrato a través de la titulación a nombre de personas naturales que, sin embargo, han demostrado estar protegiendo sus títulos para después transferirlos a la empresa; este es el caso de Héctor de Jesús Sarria, James Álvaro Valdiri, Raúl Fernando Ruiz y Andrés Rendle (Observatorio de Discriminación Racial, 2011).

Fue precisamente en 2004, justo después de la salida de las AUC del territorio, cuando se solicitó el primer amparo administrativo por parte de estos titulantes con el objetivo de desalojar a los pobladores y mineros tradicionales del área de titulación. En 2006, la comunidad de La Toma y varias organizaciones sociales de la región se movilizaron en dos masivas caminatas en Cali y Pance, así como a través de su participación en la Minga Indígena y Popular, que pacíficamente se asentó en la finca La María para coordinar una serie de exigencias al gobierno regional y nacional para la garantía de los derechos de los pueblos étnicos del Alto Cauca. En 2008, se liquida la empresa Sociedad Kedahda S.A. con el ánimo de limpiar la imagen creada a nivel local, y llega en su reemplazo directamente la empresa Anglo Gold Ashanti. En 2009, a la vez que la población Afrodescendiente organizada en el Consejo Comunitario de La Toma solicita que se le otorgue oficialmente este territorio como colectivo según los derechos constitucionales, Ingeominas concede el amparo administrativo solicitado en 2004 y ordena el desalojo (Observatorio de Discriminación Racial, 2011).

Los cerca de 7000 pobladores (1300 familias) decidieron no desplazarse y resistir, pese a las amenazas recibidas continuamente por los grupos paramilitares Águilas Negras y Rastrojos. Como parte de su estrategia de movilización, en 2010 el Consejo Comunitario de La Toma decidió interponer una acción de tutela para revocar los títulos mineros otorgados en el territorio sin la consulta previa. Aunque negada en primera instancia en el Tribunal de Popayán, la tutela fue revisada por la Corte Constitucional gracias a la petición realizada por la comunidad, y el 25 de abril de 2011 se hace pública la Sentencia T–1045A, por medio de la cual la Corte reconoce el derecho de las comunidades Afrodescendientes locales a su territorio y ordena la suspensión de todo título o proyecto que no haya sido legítimamente tramitado a través de una consulta previa con las comunidades. Resulta paradójico, sin embargo, que sólo dos días después de publicada la sentencia, cuatro retroexcavadoras, custodiadas por grupos armados ilegales, hubieran llegado a excavar ilegalmente al río Ovejas.

Las amenazas que no han cesado y las incursiones ilegales de retroexcavadoras custodiadas por grupos armados al corregimiento demuestran la permanencia de paramilitares (González Posso, 2011) durante el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), así como también la distancia abismal que separa la realidad legal de la realidad cotidiana en el Alto Cauca. El modelo de despojo con el que la industria extractivista quiere abrirse campo en La Toma consiste, como se ha visto, en una relación de simbiosis donde las empresas privadas obtienen provecho de las acciones paramilitares. Así, sabemos que el periodo de mayor control ilegal armado por las AUC coincidió con el auge de la titulación; por otro lado, es evidente que las amenazas directas por parte de los grupos paramilitares que operan en la zona coinciden con momentos de mayor denuncia y movilización de la comunidad. Las empresas, por su parte, utilizan a personas jurídicas como fachada de sus intereses y de esa manera soslayan su presencia territorial y buscan ocultar sus vínculos con las prácticas y actores ilegales del territorio.

Las retroexcavadoras, en su mayoría de colonos foráneos, no obedecen a ningún control ni regulación, y violan las disposiciones ambientales el derecho a la autonomía territorial de las comunidades locales. Generalmente, las retroexcavadoras de los colonos incursionan al territorio con un escuadrón de seguridad propio bajo distintas denominaciones: AUC, Águilas Negras, Rastrojos o BACRIM, todos grupos armados que han buscado custodiar, de forma para–estatal, los intereses privados de gran y mediana escala, como es la minería de colonos. Antes que competencia o contradicción entre los intereses de las corporaciones multinacionales del oro y estos colonos mineros, así como entre los grupos paramilitares que sirven a unos y otros, existe una simbiosis que tiene que ver con que (i) las multinacionales van detrás de una minería de oro a cielo abierto, por lo cual la minería que hagan las retroescavadoras en los lechos del río no compite con los recursos mineros que aspiran extraer; (ii) la avanzada de los colonos y de su seguridad privada sirve como un primer acercamiento de confrontación y desgaste con las comunidades, con el cual se generan desplazamientos y se debilitan algunas de las estructuras sociales y respuestas de oposición por parte de la comunidad; y, (iii) la presencia de los colonos tiene el efecto demográfico y social de disminuir la proporción de habitantes Afrodescendientes y deslegitimar derechos étnicos como la consulta previa.

El contexto se hace más complejo cuando emergen alianzas entre narcotraficantes, grupos armados ilegales y mineros ilegales de oro para facilitar el lavado de activos y el aseguramiento de rutas, cocinas y cultivos de coca. El gobierno local y regional desatiende sus responsabilidades, en ocasiones para evadir la confrontación, pero en la mayoría de casos para favorecer corruptamente los intereses de los actores privados y, en otros casos no menos escandalosos, para favorecer el interés privado del mismo funcionario o gobernante que ha entrado a ejercer alguna de las prácticas ilegales en cuestión. En este panorama se cuestiona entonces la capacidad del Estado y su interés y voluntad en hacer efectivos los derechos de las poblaciones Afro–campesinas, sistemáticamente negados histórica y actualmente. Por su parte, el gobierno nacional muestra permanentes contradicciones entre sus poderes y entre sus mismos ministerios e instituciones; así, en medio de la ambigüedad y disputa de los poderes políticos a nivel central, la ilegalidad reina en lo local y contribuye a lo que un hombre mayor caracterizó como 'pesca en río revuelto'. Al quedar la comunidad desprovista de una entidad que garantice sus derechos, acude a las redes de solidaridad internacional como único medio para proteger sus vidas y seguir reclamando sus derechos.

Los dos casos analizados muestran que la transformación histórica del espacio físico y social está relacionada con los cambios en los usos del suelo derivados de los cambios en los sistemas productivos, incluyendo el conjunto de técnicas y tecnologías utilizadas (Santos 1979). Además, el análisis de estos casos demuestra que existe una estructura burocrática del Estado, en sus diferentes formaciones locales, regionales y nacionales, que no ha logrado convertirse en un aparato determinante de la geografía económica regional como la misma estructura tecno–ambiental del territorio (Vélez–Torres y Vélez– Galeano, 2011). Bajo el espejismo del progreso y del bienestar general, así como de una versión excluyente de nación, el modelo de desarrollo propuesto favorece los intereses privados sobre los intereses colectivos de las comunidades Afro–campesinas locales.

Con sus particularidades, el despojo generado por los modelos de acumulación de la agroindustria y el atractivísimo en el Alto Cauca demuestran que en esa región hay un arraigado racismo ambiental, pues los impactos y daños generados por la industria que cada modelo protege recaen sobre el territorio y los habitantes Afrodescendientes, históricamente empobrecidos (Martínez–Alier, 2002; Vélez–Torres, 2012), negando y desdeñando los sistemas de vida ideados por estos grupos para subsistir y reconstruirse como sociedad después del trauma de la esclavitud. La pérdida de la finca tradicional, la intensificación de la minería de filón y de arena, la proletarización de la población Afro–campesina, el confinamiento y el desplazamiento, han generado cambios drásticos en el paisaje y en las prácticas y relaciones sociales y culturales en los dos territorios estudiados. Así, en la medida en que los modelos agroindustrial y extractivista se integran en una visión de progreso impulsada oficialmente por el Estado, tanto regional como nacional, las consecuencias sobre las poblaciones locales pueden entenderse como los efectos silenciados del modelo de desarrollo en el Alto Cauca.

Después de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993 las comunidades Afrodescendientes han sido activas en ejercer sus derechos apelando a la movilización social y jurídica (Ng',weno, 2007). Una etnicidad politizada no es sinónimo de un esencialismo utilitario (Hale, 2006; Friedman, 2002). Así, antes que demostrar una identidad simulada o falsa, esta reivindicación étnica en ascenso revela una historia de marginación sistemática en donde el Estado no ha dado garantías ni instancias de decisión a poblaciones rurales y populares culturalmente disidentes del proyecto de nación homogénea. Muy por el contrario, la ambigüedad jurídica y la postergación del reconocimiento de derechos étnicos y territoriales ha favorecido la intervención irregular del sector privado en los territorios de las comunidades Afrodescendientes del Alto Cauca. Al demostrarse inefectivas y contradictorias las garantías estatales respecto al cumplimiento de los derechos étnicos y territoriales, se ha generado un mayor fortalecimiento de la organización social y de las alianzas inter–étnicas.

Resulta impugnable el desconocimiento (estratégico) de las prácticas culturales y económicas de las poblaciones Afrodescendientes por parte de algunas instituciones del Estado. Pero más preocupante aún es la especulación de tierras (agua, suelo, subsuelo) favorable a los intereses privados. En este sentido, la especulación de títulos mineros, el acaparamiento de agua para la generación hidroeléctrica, la apropiación de suelos y agua para el uso agrícola intensivo del monocultivo de la caña, son el resultado de procesos de despojo que, desde una perspectiva política y jurídica, motivan una profunda crítica a la acción y omisión del Estado colombiano. No son menos relevantes, desde una lectura geopolítica de los conflictos locales, los cuestionamientos frente a los mecanismos legales e ilegales de acumulación ostentados por el sector privado, bien a manera de hacendados, empresas y conglomerados nacionales o en forma de corporaciones multinacionales.

NOTAS

¹ Este artículo expone los resultados de una investigación participativa realizada entre 2009 y 2011 por un equipo interdisciplinario de académicos del grupo Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de Colombia. El proyecto fue financiado por el Programa Conflict and Cooperation over Natural Resources in Developing Countries de la organización científica NWO de Holanda: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_78VD3R_Eng

¹ Entendemos por agroindustria el andamiaje industrial en torno a la caña de azúcar, el cual se expresa territorialmente en el Alto Cauca en 13 ingenios azucareros, 5 destilerías anexas de alcohol, 6 refinerías de azúcar, 12 cogeneradores de bagazo, al menos 1700 trabajadores asociados al cultivo de la caña, y cerca de 1 millón de beneficiarios indirectos. Además, la región alberga un tramado de industrias de alimentos, dulces, papel, sucroquímica, gaseosas, licores, servicios de transporte, salud y financieros, y cientos de otros proveedores especializados asociados a la producción cañera (Londoño, 2007).

² Entendemos por extractivismo la explotación de bienes naturales en grandes volúmenes, a gran escala y/o con alta intensidad. Estos tres aspectos no son excluyentes, ni es necesario que todos estén siempre presentes; ellos deben ser analizados en relación con el bien natural explotado y con el trabajo requerido para dicha explotación. Sugerimos que el análisis de la modalidad particular de un tipo de extractivismo en un tiempo–espacio dado debe hacerse cruzando las variables de volumen, escala e intensidad en las dimensiones de explotación de (i) la naturaleza y (ii) del trabajo. En términos económicos, el extractivismo es un actividad que genera un plus valor que se capitaliza en un espacio físico y/o social distinto de aquel en donde se ha producido dicho capital; simultáneamente, el espacio de producción del plus valor suele concentrar lo que se conoce como externalidades negativas del sistema económico, lo cual afecta de forma dramática a las sociedades locales y sus territorios. Por lo general, esta explotación recae sobre materias primas con ningún o un precario procesamiento; en el caso analizado en este artículo, dicha explotación es sobre bienes minerales, en particular oro, gravas y arena.

³ Entendemos estas fincas como espacios físicos y socio–culturales de producción y reproducción (Bernstein, 2010) de los medios de vida tradicional, entiéndase la producción agrícola y minera de pequeña escala, con prácticas de conservación de ecosistemas (Taussig y Rubbo, 2011).

⁴ Colmenares (1997) describe la articulación que existió entre la minería esclavista desarrollada en el Pacífico colombiano durante el siglo XVIII y la existencia de haciendas ganaderas y paneleras que proveían de alimento a la mano de obra en las minas.

⁵ Tanto la línea del tiempo como la cartografía social pueden consultarse en: Líneas de tiempo: http://landsandrights.blog.com/files/2011/11/2011_09_LineasTiempoLaTomaHormigueroGuachen&C3&A9.jpg Cartografía social: http://landsandrights.blog.com/files/2011/11/2011_10_Cartilla_Tierras_y_Derechos.pdf

⁶ El caso del Alto Cauca, entendemos que existe una forma de racismo ambiental toda vez que la avanzada de la agroindustria de la caña y de la minería corporativa no sólo impactan a las comunidades pobres rurales; de hecho, y en primer lugar, el despojo violento que generan estos modelos de acumulación intersecta marginación étnica y segregación social, profundizando una inequidad que desde la colonia se forjó sobre la base de diferencias étnicas y raciales. Además, en segundo lugar, dicha marginación se basa en el acceso desigual sobre bienes y servicios ambientales (es decir, producidos a partir de capitales naturales como es el caso del acceso al agua, la energía o tierra); y deriva, en tercer lugar, en la distribución/recepción, también desigual, de lo que se conoce como externalidades negativas (i.e. degradación, contaminación, riesgos).

⁷ Ni siquiera en la actualidad se provee de la electricidad que se produce en La Salvajina.

⁸ En el Valle Alto del Río Cauca se conoce con el nombre de 'madres viejas' a los antiguos cauces de los ríos que, en épocas de lluvia, se vuelven a llenar de agua, creando humedales y reservorios importantes en la región para amortiguar las crecientes.

⁹ Las plantaciones de caña en el valle del Río Cauca se queman antes del corte manual. Con esto se busca facilitar el trabajo de los corteros y hacer más liviana la carga para el transporte hacia el Ingenio.

¹⁰ Potentes grúas flotantes que arrastran un balde metálico por el lecho del río, logrando recoger medio metro cúbico de arena por vez.

¹¹ En este corregimiento pueden identificarse al menos cuatro técnicas de extracción de oro vigentes: (i) las tradicionales 'covas' a la orilla de los ríos y quebradas (minería aluvial a orillas del río); (ii) los también tradicionales túneles o socavones en los cerros y montañas, los cuales se trabajan con mazos y cinceles (minería de filón y de aluvión, según la ubicación); (iii) la más resciente minería de 'chorreo' en la cual, por efecto de lavado, se extrae oro sedimentado (minería aluvial en lomas y montañas); y, (iv) finalmente, la reciente aunque menos practicada minería de filón con explosivos. En todos los casos el material extraído se procesa en su última fase a través del 'barequeo' con batea de madera, en donde es posible separar el oro por efecto del movimiento de los cuerpos y por decantación de materiales. Según el capital del que disponga el grupo de personas que trabajen la minería de socavón (tanto para el caso de la minería de filón como de aluvión), ocasionalmente el material extraido se somete a un proceso intermedio de trituramiento, bien en un 'molino californiano' o en 'cilindros' manuales o mecánicos que ayudan a reducir el material. En ningún caso la comunidad utiliza químicos como cianuro o mercurio para separar el oro, por lo cual su minería artesanal puede considerarse completamente 'limpia'.

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