Las narrativas de los conflictos y la construcción de un enfoque de la seguridad humana. Análisis crítico del caso de Colombia

Érika María Rodríguez


Abstract

Traditionally, the Colombian conflict has been dealt with using the classical definition of security, which has favored military solutions over the humanitarian aspects of the conflict. This paper seeks to explore, from a critical perspective, how the mainstream security paradigms have failed to offer an unbiased framework suitable of taking into account a wide array of factors surrounding a complex phenomenon of the situation in Colombia. Along the same lines, the paper promotes the use of a human security approach as the way of avoiding the turning of poverty and underdevelopment into the security threats.


Introducción

El objetivo de este trabajo es abordar desde una perspectiva crítica el tema de la seguridad humana, aunque no es su objetivo criticar en sí dicho concepto, cuyos fines resultan loables desde toda perspectiva. La crítica se establece sobre la tendencia a la "securitización" de los problemas sociales en un sistema internacional en el que la dinámica de la construcción social de las amenazas genera discursos de miedo generalizado y una tendencia a la represión policiva. La pobreza y el subdesarrollo no pueden ser criminalizados ni vistos desde una perspectiva paternalista, deben ser vistos como los retos de un sistema global en el que la prioridad sean las personas.

Un enfoque de seguridad humana debe sobre todo ser un enfoque que atienda a todas las dimensiones del conflicto, lo cual difiere de lo que se ha hecho hasta ahora en Colombia, donde han dominado unas narrativas sesgadas de comprensión del mismo. Las narrativas han apuntado a las consideradas amenazas de seguridad en el marco de las doctrinas de seguridad norteamericanas y desde su política exterior, mientras las dimensiones internas del conflicto se han desdibujado en un sistema de contención militar de una problemática cuyas raíces y soluciones requieren un enfoque social. En este documento se analizan dichas narrativas dominantes y las dimensiones del conflicto que se han hecho invisibles a través del tiempo, con el fin de establecer los principales focos de atención de un enfoque de seguridad humana.

La construcción de las amenazas de seguridad

Para empezar es necesario explicar qué se entiende por narrativa de un conflicto armado. En este caso una narrativa es un sistema de argumentaciones que busca explicar las causas de un fenómeno que ocurre en un punto del sistema internacional. Las narrativas a través de las cuales se explica el conflicto armado interno tratado en este documento son aquellas que se han desarrollado dentro de las relaciones internacionales. Trataremos las que se han considerado dominantes, porque son aquellas sobre las que se ha definido la agenda de seguridad y las políticas de contención de los conflictos a nivel internacional.

Las narrativas de los conflictos internos han variado a través del tiempo, teniendo en cuenta que sólo pueden considerarse conflictos internos aquellos ocurridos después de la formación de los Estados modernos. El periodo de tiempo considerado en este documento abarca la confrontación entre gobierno y grupos guerrilleros comunistas en Colombia, es decir desde 1964 – año en el que se origina el primero de los grupos guerrilleros contemporáneos – hasta la actualidad.

En el periodo estudiado son tres las narrativas que han dominado el discurso. Durante la Guerra Fría mantuvo la preeminencia la teoría realista y neorrealista. Con el fin de la Guerra Fría se establecieron nuevas prioridades de seguridad que reconstruyeron las narrativas, basándolas en factores explicativos tales como el interés egoísta por la depredación de recursos naturales, el subdesarrollo y el colapso estatal, constituidos en amenazas a la seguridad no sólo de los países en los que se presenta la confrontación sino del sistema internacional en general. Así mismo entraron a la escena internacional numerosas organizaciones que llevaron a una nueva definición de los principios de la seguridad en el marco liberal. Desde septiembre de 2001 hasta la actualidad, la Agenda de Seguridad ha redefinido las prioridades concentrándolas en la defensa contra el terrorismo internacional.

El conflicto colombiano: una revisión

En Colombia se vive una confrontación armada en la que se enfrentan actores políticos que en ocasiones se valen de medios terroristas y que se financian a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, entre otras. Esta confrontación tiene carácter civil en cuanto los civiles se convierten en la pieza más importante, pues no sólo son víctimas sino que son las piezas de juego del conflicto.1 La pobreza, la marginación del desarrollo y la incapacidad del Estado para gobernar el territorio llevó a que en muchas zonas del país los actores armados no estatales asumieran la regulación de las relaciones sociales, económicas y políticas de las comunidades.

Dada su longevidad, el conflicto ha sido enmarcado en dos grandes doctrinas de seguridad, el anticomunismo y la lucha contra el terror, y ha evolucionado junto con la política internacional de seguridad de la última mitad del siglo XX. Las doctrinas de seguridad dominantes reflejan en gran medida la identidad de los actores que las construyen, pues en la definición de los enemigos está profundamente implicada la construcción de la autoimagen. El desarrollo de una seguridad basada en las amenazas que el sistema occidental considera que atentan contra su esencia social y política no es necesariamente una forma objetiva de entender la complejidad de los fenómenos de violencia política. Por este motivo es necesario establecer una visión crítica de los discursos dominantes de la seguridad y de las narrativas de las guerras, entender cuáles son sus bases, el contexto en el que surgen y cuál es su impacto. A continuación se recopila el desarrollo de las narrativas dominantes del conflicto colombiano a través del tiempo.

Las narrativas del conflicto en la Guerra Fría

La narrativa dominante durante la Guerra Fría es la proporcionada por el "realismo"2 y el "neorrealismo"3, los cuales afirman que los conflictos internos se explican como producto de la confrontación entre súperpotencias. Una traslación de la disputa bipolar hacia los países de la periferia.4 Si bien es cierto que el desarrollo de los grupos guerrilleros modernos en Colombia no puede ser entendido sin contextualizarlo en la Guerra Fría y especialmente dentro del efecto de la revolución cubana en América Latina, la influencia ideológica y los intereses geopolíticos asociados a ella no incluyen otras motivaciones y características que han permitido no sólo el surgimiento de los grupos revolucionarios sino su longevidad. El resultado directo de la forma en la que se entendió el conflicto fue la política de seguridad mediante la que se enfrentó. Al reducir las causas del conflicto a la penetración del comunismo, la doctrina de la seguridad nacional desconoció las condiciones internas que permitieron el inicio de la confrontación, es decir, factores políticos y estructurales tales como el subdesarrollo y el problema agrario, así como la larga historia de violencia política del país.5

Fue en la política norteamericana donde la unión entre el realismo y una visión clásica de la seguridad dio como resultado una estrategia de seguridad nacional inspirada en la visión de la seguridad del "Estado" como seguridad de la nación. Esta fue la base de la doctrina anticomunista. Dicha política empezó a aplicarse en Colombia antes de que se consolidaran los grupos guerrilleros comunistas, cuando aún la violencia política estaba dominada por los partidos tradicionales (Liberal y Conservador). La política anticomunista y su temprana aplicación al caso colombiano desplazaron la urgencia de las políticas sociales y el fortalecimiento del Estado y la democracia para priorizar únicamente la seguridad del Estado.

Las críticas a la seguridad nacional no recaen únicamente en sus consecuencias directas, que implican el tratamiento militar de un problema con orígenes mas sociales que de seguridad, sino que también recaen en la incapacidad del gobierno, de sus agentes y del sistema internacional para ver la aparición de las guerrillas y su implantación como un fenómeno complejo en el que el comunismo proporcionaba un discurso ideológico justificativo y legitimador, pero cuyo aporte económico a los grupos armados "revolucionarios" en Colombia fue muy limitado, con lo cual las guerrillas pronto aprendieron a conseguir sus propios recursos.

La doctrina de la seguridad nacional fue propia del periodo comprendido entre 1958 a 1978, durante el cual el poder estuvo la mayor parte del tiempo en manos de lo que se denominó el Frente Nacional, un acuerdo entre los partidos políticos tradicionales que alternaba el poder entre estos dos y dividía de forma paritaria los cargos en el ejecutivo y legislativo. A principios de los años ochenta la forma en la que el gobierno enfrentaba el conflicto cambió radicalmente, influenciado tanto por el final del Frente Nacional como por el ascenso al poder de un presidente que guardó las distancias con las políticas de seguridad de sus antecesores, y en el marco de dos importantes hechos geopolíticos: los procesos de paz en Centroamérica y los cambios de la estrategia de seguridad norteamericana en la Segunda Guerra Fría.

Fueron dos los principales cambios en la forma de entender el conflicto. En primer lugar, internamente (aunque profundamente ligado a los procesos de paz centroamericanos) se intentó redefinir el conflicto buscando las causas sociales de éste (causas objetivas), lo cual abrió paso a la negociación con los diversos grupos guerrilleros. El segundo cambio, si bien en un principio no se vinculó al conflicto, consistió en la proclamación del narcotráfico como un problema de seguridad por parte de los EEUU, que en ese entonces no era considerado como una amenaza interna en Colombia. Al final de la Guerra Fría el narcotráfico terminó por remplazar al comunismo como amenaza prioritaria y su combate llevó a que este mismo se convirtiera en una amenaza, no ya para los EEUU, víctimas de los problemas de salud pública derivados, sino para Colombia, que sufrió el enfrentamiento de los carteles de la droga con el gobierno, enfrentamiento que en repetidas ocasiones se manifestó en forma de terrorismo.

La definición del narcotráfico como amenaza de seguridad, y su vinculación a la financiación de los actores en conflicto (desde entonces narcoguerrillas), asocia la guerra colombiana a un nuevo discurso explicativo, esto es, al de los conflictos por intereses económicos predatorios, narrativa inscrita dentro de las características de lo que en los años noventa se popularizó bajo el nombre de "nuevas guerras", un conjunto de conflictos que se desvinculan de la influencia ideológica para ser explicados a través de argumentos novedosos.

El conflicto y las nuevas guerras

Si bien, durante el periodo de Guerra Fría numerosas guerras revolucionarias se desarrollaron en lo que se conocía como la "periferia del sistema", es en el periodo posterior a la Guerra Fría cuando los conflictos internos, pese a su descenso en cantidad, pasan a tener mayor relevancia. Los conflictos internos en Europa del Este, como los de Bosnia o Kosovo, y algunas guerras de África son los protagonistas del interés tanto de académicos como del público en general, así como de buena parte de los esfuerzos de las organizaciones del sistema internacional. Son estos conflictos que se han hecho mediáticos los que han cautivado el mayor número de análisis y sobre los que se han hecho las generalizaciones que han determinado los paradigmas del estudio de lo que se denomina "las nuevas guerras", a pesar de que hay otros muchos conflictos que, o bien provienen del periodo de Guerra Fría, o dadas sus características geoestratégicas no han ganado relevancia mediática ni académica. Uno de estos conflictos que entra en la categoría de "olvidados" es el colombiano, lo cual no impide que las políticas que se aplican sobre él durante los años noventa correspondan a un marco explicativo que basa su comprensión del conflicto en los argumentos sobre los que se clasifican las "nuevas guerras".

El término "nuevas guerras" fue adaptado por Mary Kaldor6 para describir los fenómenos bélicos que se presentaron en varios rincones del mundo tras el final de las guerras mundiales. Pese a ello, la etiqueta se impuso especialmente sobre las guerras de los años noventa en un intento por diferenciarlas de las del periodo de Guerra Fría, resaltando unas características diferenciadoras en los orígenes de unas y otras. Desmarcándose del neo-realismo, las "guerras antiguas" (anteriores a 1989) son vistas de forma retrospectiva como revolucionarias y basadas en la existencia de agravios,7 es decir, justificadas. Por el contrario, en la Posguerra Fría los académicos en general se han interesado por estudiar las peculiaridades de los conflictos buscando en ellos lo que pudiera explicar la magnitud y sobre todo la "epidemia" de guerras internas que parece difundirse en este periodo.

A decir de Mark Duffield el enfoque convencional que se aplica para el estudio de los conflictos contemporáneos "consiste en buscar las causas y los motivos y con la misma actitud que los coleccionistas de mariposas victorianos, construir listas y tipologías de las diferentes especies identificadas. Las teorías basadas en la pobreza, la crisis de las comunicaciones, la lucha por los recursos, la delincuencia o la exclusión social están ampliamente aceptadas".8 Así pues, lo que se ha denominado "las nuevas guerras" se ha convertido en el centro de un debate en el que se encuentran diversos desarrollos explicativos concentrados en uno u otro aspecto considerado como determinante en la caracterización de los conflictos. Se pueden distinguir principalmente cuatro marcos explicativos sobre las guerras civiles y sus causas: el nuevo barbarismo, el subdesarrollo, los estados fallidos y la economía política del conflicto.

El "nuevo barbarismo" ve en los conflictos la emergencia de tensiones étnicas y de violencia atávica. La visión liberal del desarrollo, por su parte, encuentra en la pobreza y el subdesarrollo una fuente de conflictos que además son aprovechados por líderes egoístas que intentan obtener beneficios personales. El colapso estatal a su vez se considera como una fuente de inseguridad para el sistema internacional, dado que se presta para la emergencia de líderes violentos o la formación de grupos terroristas sin que ningún sistema de regulación tenga control de la situación. Por último tenemos la visión de la economía política de los conflictos, que a partir de estudios cuantitativos encuentra una relación entre la posibilidad de depredación de recursos naturales lucrativos y la emergencia de situaciones de conflicto, convirtiendo a este último en una excusa para mantener el control sobre los recursos explotados. El conflicto es entonces una mera cuestión de "avaricia". En cada uno de estos enfoques se encuentran desarrollos importantes que merecen ser tenidos en cuenta y analizados profundamente. Pero ciertamente, pese a que la ampliación de los enfoques a través de los cuales se explican los conflictos internos ha sido un importante avance, existen también serias críticas a las que se consideran las principales características de las "nuevas guerras". El paradigma de las "nuevas guerras" se ha establecido considerando las guerras que se benefician del interés de la comunidad internacional, corriendo el riesgo de dejar fuera del análisis ciertas guerras que sobrevivieron al cambio de periodo u otras recientes que parecen inclasificables.9 Es por tanto un paradigma construido sobre generalizaciones, pero sobre el cual se intentan explicar y sobre todo se aplican políticas paliativas para todo tipo de conflictos de orden interno. Este es el caso del conflicto colombiano, el cual por su larga duración se ha tendido a explicar de acuerdo a los marcos de análisis que dominaron cada momento histórico. Se pasó así de un combate contra la penetración del comunismo al combate antinarcóticos y más adelante al antiterrorista, metiendo en un mismo saco a las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares, los campesinos que cultivan plantaciones ilícitas y hasta la delincuencia común.

Dentro de las principales narrativas explicativas de los conflictos, la que se ha aplicado al caso colombiano y en la que este se convierte en uno de los ejemplos más comúnmente citados es la de los conflictos depredadores, es decir, las teorías explicativas vinculadas a la economía política de los conflictos. Sin embargo, también las narrativas liberales del subdesarrollo y la de los Estados colapsados tienen incidencia en la explicación del conflicto. Por el contrario, el conflicto colombiano es un contra-ejemplo de "nuevo barbarismo", dado que es una guerra en la que pese a la amplísima diversidad étnica del país la confrontación no se basa en motivos raciales, culturales ni religiosos. A continuación se desarrollan con más cuidado las narrativas explicativas que inciden en el conflicto colombiano y sus implicaciones.

El subdesarrollo y el conflicto

En el estudio de las nuevas guerras el subdesarrollo como causa del conflicto es una de las tendencias explicativas que mayor atención ha recibido. Este discurso explicativo, heredero de las "teorías de la dependencia", cobró relevancia a principios de los años ochenta cuando las visiones alternativas (antisistémicas según Halliday) argumentaban que el principal problema residía fuera del sur. Es decir que el conflicto estaba relacionado con el legado del colonialismo y con un sistema internacional de comercio poco equitativo.10

El discurso del desarrollo entiende el conflicto y la pobreza como interconectados de formas diferentes pero que se refuerzan mutuamente. La asociación se presenta afirmando generalmente que los países pobres corren mayor riesgo de conflicto. Se considera además que la violencia en el conflicto armado destruye los activos y el capital social necesarios para el desarrollo, constituyéndose así un círculo vicioso entre subdesarrollo y conflicto. Desde luego este enfoque resulta sumamente razonable y profundamente ligado a la denominada "seguridad humana".

La relación positiva entre el bajo nivel de desarrollo y probabilidad de conflicto convierten al subdesarrollo en una amenaza para la seguridad. De allí que atacar el subdesarrollo, la pobreza y la inequidad sea un imperativo categórico de las políticas de seguridad. Pero bajo este enfoque no se considera que los pobres sean peligrosos per se, de hecho se les considera víctimas, siendo en cierta forma legítimas sus movilizaciones y levantamientos. El problema reside en que los "pobres", considerados desde una visión paternalista, son cooptados o siguen a líderes perversos cuyo fin es egoísta.11

El paternalismo implícito en este enfoque está constituido sobre una visión irremediablemente lineal del desarrollo, es decir, los subdesarrollados se encuentran en etapas anteriores a las que han alcanzado los países desarrollados, tanto económica como social y políticamente. Es necesario guiarles por el camino que les lleve a alcanzar un desarrollo necesariamente idéntico al de los desarrollados que, según la linealidad en la que se plantea, es el único posible.12 Desde luego la debilidad de este enfoque reside en que el actual sistema global, que provee bienestar a muchos países, está fuertemente ligado al subdesarrollo de otras zonas del planeta. Si por desarrollo se entiende conseguir los mismos beneficios y bienes que poseen las sociedades europeas o norteamericanas, esto es ecológica y especialmente energéticamente insostenible. Ello sin considerar los derechos culturales de los pueblos así como la importancia de conservar la diversidad humana. El desarrollo, entendido como una única senda que guie a todos los Estados hacia el sistema económico y político euro-céntrico, es un enfoque engañoso en cuanto a los beneficios que puede proveer a las personas.

Hechas estas consideraciones, es necesario plantear la cuestión sobre cuáles tendrían que ser las consideraciones de una seguridad humana que considere la importancia de asegurar la vida de las personas y especialmente la calidad de esta misma. Es necesario pues plantear la importancia del desarrollo y de asegurar que las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida, dentro del respeto por sus decisiones, tradiciones y garantizando la posibilidad de decidir sobre su vida. No se puede hablar de desarrollo sólo desde una perspectiva económica o de seguridad, es necesario entenderlo como un proceso de cambio social en el que los beneficios económicos se repartan de forma igualitaria, pero en el que también se iguale el cubrimiento del Estado de Derecho. Colombia no podrá garantizar la seguridad humana, no sólo mientras persista el conflicto sino mientras siga siendo uno de los países más desiguales de América Latina.

De cualquier forma, es necesario rescatar que las raíces sociales del conflicto han sido largamente analizadas, aun más, el uso del subdesarrollo como variable explicativa del conflicto armado en Colombia tiene una larga historia. El punto a discutir son las debilidades de dicha percepción. Las deficiencias de los enfoques sobre la guerra en Colombia no son únicamente de las variables explicativas en las que centran su análisis, sino especialmente en las variables cuyo poder explicativo subestiman. Es necesario entonces hacer un ejercicio de comprensión compleja del conflicto. A continuación se reseñan algunos de estos enfoques.

Uno de los estudios pioneros de la violencia fue "Colombia: violencia y democracia",13 publicado en 1987, en el cual se recogían las "causas objetivas de la violencia". Este estudio representó el primer intento serio del gobierno colombiano de abordar el conflicto desde una perspectiva no militar que cambiara las condiciones estructurales que favorecían la violencia. Una de las críticas más interesantes al paradigma nacional de las "causas objetivas de la violencia" es el que establece Fernando Gaitán, quien demuestra estadísticamente que la dinámica de implantación de los grupos armados no estatales no va de municipios pobres a ricos, sino al contrario, de los municipios ricos hacia los más pobres.14 Esta característica ha sido comprobada por el CINEP a través de su base de datos de la violencia política en Colombia.15 Esta confirmación corrobora el hecho de que no basta la existencia de causas justas para los levantamientos armados. Hace falta también la posibilidad de acceder a recursos que permitan iniciar y mantener la confrontación hasta conseguir los objetivos, por lo cual las zonas en las que se inicia el conflicto no suelen ser las más pobres sino aquellas en las que hay una suma de condiciones que permiten iniciar la confrontación. El argumento de la importancia de los recursos económicos se desarrolla más cuidadosamente en el apartado dedicado a la economía política del conflicto

Colombia, ¿un Estado colapsado?

Holsti define los "Estados fracasados", "fallidos" o "colapsados" como el resultado de la incapacidad de tales Estados de alcanzar el fortalecimiento necesario para ejercer plenamente su poder a través de la institucionalidad. Por el contrario, estos Estados suelen relegarse a los personalismos en los que los líderes recurren a la opresión sólo para encontrar mayores resistencias. Así, el poder y su ejercicio se fragmentan localmente en manos de diferentes grupos o individuos.16 Si bien Holsti reconoce que la debilidad de los Estados es anterior al conflicto, hay quienes la encuentran o bien como una consecuencia de este, o bien como un círculo vicioso en el que la debilidad causa el conflicto y el conflicto a su vez agudiza el colapso hasta el fallo total.

Sin duda este enfoque parte de una concepción clásica del Estado-Nación, que en términos weberianos se caracteriza por el control del territorio y el monopolio de la fuerza y de la justicia. Por tanto, la incapacidad para cumplir uno de estos requisitos, en especial el de mantener el monopolio del uso de la fuerza, representa la crisis del Estado. Los vacíos de poder, los sitios en los que el Estado no ejerce su capacidad reguladora de las relaciones sociales, ciertamente son tierra abonada para el surgimiento de poderes fácticos que opten por imponer su propia ley por la fuerza. El fracaso del modelo de Estado clásico en algunas regiones del mundo es incuestionable, así como la incapacidad de algunos gobiernos para extender el Estado sobre todo el territorio.

Pero lo cierto es que ante la inoperancia del Estado no acontecen el vacío y la anarquía. Las críticas que se hacían en el apartado anterior a la literatura del subdesarrollo son extensibles a la del colapso estatal, pues la inoperancia, incapacidad o inexistencia del Estado clásico en ciertas regiones o países no implica que se encuentren en el caos absoluto. La población tiene sus propias formas de organización local. O bien los poderes fácticos, o bien los consensos colectivos, o ambos, regulan la cotidianidad. La literatura del colapso estatal suele desconocer las formas de organización y administración alternativas. En esencia, lo que se minimiza o se ignora es la posibilidad de que estemos siendo testigos del nacimiento de una dinámica política nueva y singular dentro de las relaciones internacionales, algo que queda fuera de los esquemas teleológicos aceptados.17 El discurso del desarrollo resta importancia a la perspectiva de que las soberanías en la sombra de hoy pueden presagiar las nuevas formulas de poder que apenas se atisban en el horizonte de las posibilidades políticas y económicas.18 De aquí la importancia de que la seguridad humana sea una propuesta que incluya las múltiples formas de la organización social y no un sistema de securitización de la pobreza y de los sistemas que se alejen del modelo occidental o eurocéntrico de desarrollo.

En síntesis, la criminalización de la violencia y de las poblaciones que viven en las márgenes del cubrimiento estatal no permite ver los complejos procesos sociales y políticos adyacentes a ella. Es decir, al enfrentar el conflicto sólo se analiza la violencia en él, en especial la magnitud de esta, pero no suelen estudiarse ni las dinámicas de la misma, ni la forma en la que el conflicto refleja la presión por el cambio en múltiples esferas.

Respecto al caso colombiano no puede hablarse de un colapso absoluto, aunque durante varios años haya sido incluido como tal en el índice de Estados colapsados de la revista Foreign Policy. Se trata más bien de un "colapso parcial del Estado"19 pues es un Estado que opera plenamente para una parte de la población, siendo también cierto que el Estado colombiano no cumple cabalmente los requisitos clásicos del Estado-Nación moderno. Especialmente fuertes son las críticas que aducen a la inoperancia del Estado colombiano a la luz del problema del narcotráfico, pues "los carteles de la droga efectiva y sistemáticamente violan la ley estatal y tienen los medios para resistir los intentos de aplicación de esta".20 McLean, si bien defiende que el país no reúne las características comunes de los Estados fallidos, puede llegar a serlo si el nivel actual de "desorden sangriento" continúa.21 Este autor no determina las características de un Estado fallido por su capacidad para controlar el territorio y por poseer el monopolio de las armas, asume que los Estados divididos en cuestión de las diferencias de identidades étnicas y culturales son los que clasifican en el modelo del colapso estatal. Aduce que el Estado colombiano no ha fallado sino que podría hacerlo en el futuro, es decir que no hay evidencias anteriores del fallo sino que este devendría a causa del desorden, sin que aclare según él a que se debe susodicho desorden.

Pero si bien vemos que Colombia no es un caso claro de Estado colapsado la explicación causal del conflicto más argumentada es la "precariedad del Estado-Nación". Los argumentos más reconocidos en este sentido son los de Daniel Pecaut.22 Siguiendo con el trabajo de este autor, las características de la precariedad del Estado-Nación se hacen visibles en varios aspectos. Primero el Estado colombiano es incapaz de ejercer su autoridad en todo el territorio nacional. A esta incapacidad se suma el hecho de que desde la época de la colonia los problemas de la propiedad agraria en Colombia han sido débilmente resueltos, cuando no agudizados, por las coyunturas que producen las bonanzas económicas emergentes, como las del caucho, el café o la coca. Se produce una situación en la que las crecientes fronteras de colonización geográfica son a su vez fronteras de la marginalidad social y política. En las zonas en las que el Estado no llega, la organización social y el ejercicio del poder han sido, con frecuencia creciente en las últimas décadas, tomadas por los grupos guerrilleros o paramilitares.23

La consolidación del poder político de los grupos no estatales en algunas zonas del país en las que han desplazado la débil institucionalidad gubernamental, o donde esta nunca ha existido, también es materia de estudio. Especial relevancia han tenido en este sentido los estudios de la justicia y el conflicto, dado que con la aparición de otros poderes locales la justicia es impartida de forma diferente en el territorio nacional.24 Malcom Deas señala que la violencia política en Colombia es un fenómeno reciente que busca el poder en los lugares donde el Estado apenas puede reclamar el monopolio de la fuerza. En estos lugares muchas veces la lucha por el poder no es contra el Estado, sino contra otros poderes locales.25 Este es el caso muchas veces de las luchas entre guerrilleros y paramilitares, entre los grupos guerrilleros entre sí o entre las guerrillas y los narcotraficantes. Incluso, ante la posibilidad de que se acabe la guerrilla, el Estado sigue enfrentado a poderes emergentes, en especial a los grupos paramilitares que continúan activos.

Otra de las facetas que ha sido estudiada es la debilidad de la construcción del Estado-Nación. En estos estudios predomina la idea de que no sólo es que el Estado no ejerza su poder en toda la nación, sino que además no es un Estado que sea reconocido como legítimo o, desde otro punto de vista, es incapaz de representar a la nación.

De cualquier forma, el fracaso de los Estados es un verdadero motivo de preocupación para las relaciones internacionales, por una parte porque el sistema internacional está basado en la existencia de los Estados y, por otra, porque el fracaso estatal es visto como una causa de conflictos, guerras civiles y de una serie de amenazas a la seguridad de los habitantes de dichos Estados.26 Más recientemente, tras los incidentes del 11 de septiembre de 2001 y especialmente con la guerra en Irak, el fracaso estatal se relaciona no sólo con una amenaza de seguridad interna sino internacional. Los Estados fallidos son vistos desde la nueva estrategia de seguridad norteamericana como nichos en los que los "terroristas internacionales" pueden desarrollarse sin control alguno.

Economía política del conflicto

La economía política de los conflictos reúne una serie de trabajos, entre los que destacan los informes realizados por Paul Collier para el Banco Mundial.27 Estos estudios de carácter cuantitativo se han concentrado en buscar los factores que propician la aparición de conflictos violentos. La metodología de estos trabajos consiste en encontrar dentro de un conjunto de variables cuáles de ellas resultan explicativas de la existencia del conflicto. Collier, a través de sucesivos informes, ratificó que la variable que mayor incidencia tenía en la explicación de los conflictos internos es la posibilidad de explotar recursos naturales con alto valor en el mercado internacional.

Desde luego, estos estudios introducen una variable relevante para la aparición y especialmente para la permanencia de los conflictos: la importancia de los medios materiales para sustentar la confrontación. Desde luego a esta afirmación no le falta sentido, pues sólo la ingente cantidad de recursos económicos que han obtenido los grupos guerrilleros y paramilitares puede explicar la escalada bélica desde los años noventa hasta la actualidad. Pero si bien la explicación de los conflictos a través de la explotación de recursos aporta importantes elementos de análisis, reduce claramente los conflictos a actividades criminales, es decir los reduce a delincuencia común organizada.

La conjunción unívoca entre conflicto y crimen organizado es cuestionable. En primer lugar, como aduce Jorge Restrepo: "El objetivo de la acción criminal organizada no es el de subvertir un orden institucional establecido como sí lo es el objetivo de las partes en conflicto."28 Este enfoque no explica además por qué la mayor parte de los recursos de una organización rebelde se reinvierte en sí misma.29 A diferencia de las organizaciones rebeldes, las mafias y el crimen organizado sólo reinvierten en el fortalecimiento de la institución hasta que logran un nivel de equilibrio que les permita mantener su actividad. A partir de entonces la mayoría de los recursos se destinan al provecho personal. En este sentido, las guerrillas colombianas estarían actuando de una forma claramente antieconómica al continuar invirtiendo recursos en la consecución de objetivos militares que no están ligados a sus zonas de extracción de riqueza.

Otra crítica que puede hacerse a los trabajos de corte estadístico o econométrico es el sesgo sobre el cual se escogen las variables que se van a introducir en el análisis. Dado que los análisis "empíricos" deben trabajar con modelos acotados, la elección de las variables cuyos valores se usan como indicadores se efectúa bajo un preconcepto de que es lo que puede generar el conflicto. Revisando un poco más detenidamente las variables que ha ido aplicando a lo largo de sus diferentes trabajos, nos encontramos con que los indicadores que usa Collier son un buen ejemplo de cómo el subdesarrollo se ha reproblematizado al ser considerado un peligro.30 Volvemos al eje de este documento: como en los otros enfoques, de nuevo aquí se construye la pobreza como una amenaza a la seguridad.

Es necesario resaltar que la economía política de los conflictos armados no sólo tiene dimensiones internas y regionales, sino que también refleja el impacto negativo de la globalización y su esfuerzo por reorganizar el sistema económico global de acuerdo a los preceptos de la economía neoliberal. Las causas del conflicto por tanto deben verse en un ángulo amplio. El conflicto colombiano y su vinculación con el narcotráfico son esencialmente el resultado del fortalecimiento de redes comerciales globales que sobrepasan el control y regulación de los Estados, no sólo el afán de lucro de determinados grupos. Especial atención debe prestarse a los agentes comerciales globales que producen y distribuyen armas y material bélico así como a los paraísos fiscales, todos ellos legales pero igualmente vinculados a la dinámica económica de los conflictos armados.

Junto con el final de la Guerra Fría se intensificó el interés de los EEUU por la contención del tráfico de estupefacientes, motivada por un creciente problema de salud pública en el interior de este país. En Colombia, por su parte, este sólo se empezó a considerar como una amenaza de seguridad cuando los "narcotraficantes" se enfrentaron abiertamente contra el Estado. La codicia como variable explicativa reemplazó al discurso del agravio que intentó hacerse lugar a principios de los años ochenta. Desde la conjunción de guerrillas comunistas y narcotraficantes como asociados en el negocio ilícito, pero cada uno con sus propios fines, se ha construido la imagen de una guerra y con ella unos actores motivados únicamente por la codicia. Colombia se ha constituido así en un perfecto modelo ilustrativo para los textos de la economía política del conflicto.

Esta visión del conflicto dio como resultado una intensificación de las acciones militares de contención de narcotraficantes y guerrilleros. Quizás el mayor ejemplo de este tipo de política es el Plan Colombia,31 que en un principio estaba dirigido únicamente a la lucha contra el narcotráfico, pero pronto se amplió también al combate de las guerrillas. Sin embargo, ignoraba las otras economías que sustentan el conflicto tales como la extorsión, el secuestro, los ejércitos paramilitares financiados con fondos privados y la misma influencia de la ayuda militar norteamericana en la escalada militar de la confrontación. Se ha invisibilizado que la economía del conflicto no es únicamente la de la coca, y que la entrada de recursos "a todos" los actores de la guerra es lo que ha permitido una escalada bélica sin precedentes. La variedad de recursos que sustentan a las partes en conflicto ha cambiado la dinámica de la confrontación.32

Otro punto en el que falla la aplicación de políticas como el Plan Colombia es que no comprende que en un mercado como el de los narcóticos ilícitos, que funciona por encima del control de los Estados-Nación, la introducción de barreras, tales como la represión de la oferta, crea distorsiones que en el caso del narcotráfico llevan al fortalecimiento de los monopolios de la producción (los carteles de las drogas), haciendo dicha explotación más rentable aun, tal como lo plantea el nobel de economía Milton Friedman.33 Es por este motivo que entre los factores que oculta la economía política del conflicto se encuentran las consecuencias de su propia aplicación, es decir, el aumento de precios a causa de la represión de la oferta. El narcotráfico es un fenómeno profundamente ligado a la globalización y como tal tiene la posibilidad de desplazarse a las zonas del planeta donde encuentra mayor productividad, construir redes transnacionales y fundirse con las redes comerciales legales.

Pero si el ataque a las estructuras económicas de la guerra es ineficaz como única táctica, es también contraproducente a nivel social, pues se invisibilizan las bases sociales que permiten la extensión de los conflictos ilícitos, es decir, la precariedad de los campesinos. Las teorías basadas en la codicia como argumento explicativo olvidan que, más que por codicia, la explotación de recursos es la forma en la que muchos pobladores de regiones olvidadas se insertan en la economía de mercado global. Los cultivos de coca y amapola34 no son una excepción, lo que ha llevado a que los campesinos y colonos pobres, además de marginalizados, sean criminalizados, convirtiendo de nuevo la inequidad económica en un problema de seguridad.35 La guerra y su corolario, la explotación de recursos, son también vías de redistribución de riquezas, de ascenso social.36

La agenda de seguridad internacional post 11 de septiembre

El terrorismo se convirtió en el eje alrededor del cual se reconstruyó la agenda de seguridad tras el 11 de septiembre. El concepto de terrorismo es objeto de una larga discusión. La violencia terrorista no es un recurso entre otros, sino una modalidad de acción altamente específica.37 Los Estados Unidos y el Reino Unido lo saben, han forjado una guerra entera para combatirlo. La Unión Europea también ha reconstruido sus estrategias de seguridad para enfrentar la amenaza. Al cambiar las prioridades de seguridad, el tráfico de armas, el comercio, y la migración, empezaron a verse a través del lente del terrorismo. El gobierno colombiano podía armonizar con esta perspectiva la política exterior y la política interior de ofensiva militar, poniendo ambas a girar alrededor de la guerra contra el terrorismo.38

Tras los atentados del 11 de septiembre, la aplicación de la lucha contra el terrorismo se erigió en un interés del gobierno colombiano con el que implicaba a la comunidad internacional y sus fuentes económicas de ayuda en la situación nacional. La adscripción de Colombia a la lucha global contra el terrorismo no supera los errores de la narrativa económica del conflicto. El narcotráfico se liga al terrorismo, profundizando el desconocimiento de su carácter político y social lo cual dificulta más el planteamiento de soluciones duraderas. La reducción de los conflictos a una de sus expresiones, el terrorismo, si bien es la más cruel de ellas, no resuelve la problemática que los mantiene activos y les nutre de combatientes y de zonas de influencia en las que reemplazan al Estado, así como tampoco supera los problemas que se han detectado en la estrategia de lucha antidrogas. En efecto, la estrecha visión de las FARC como "narcoterroristas" carentes de ideología y apoyo popular oscurece la realidad y limita la efectividad de las políticas.

Hablar de terrorismo es hablar de violencia, pero no de cualquier violencia. Ante todo, podemos considerar terrorista un acto de violencia cuando el impacto psíquico que provoca sobrepasa con creces sus consecuencias puramente materiales. Aunque se trate de una violencia cuyo alcance y magnitud sean menores que otras violencias posibles, quienes instigan o ejecutan el terrorismo pretenden condicionar las actitudes y los comportamientos de la población a través del temor.39 Ante todo, el terrorismo conmueve las bases de los ideales liberales que constituyen las bases del Estado-Nación moderno occidental y del sistema internacional.

Pero no queremos seguir tratando el terrorismo sin explorar las implicaciones del término. Esta es una práctica de la que se valen tanto individuos aislados como actores colectivos, y no siempre se emplea con fines políticos, pues en algunos casos se emplea con la intención de proteger mercados ilegales. El terrorismo político por su parte es aquel procedimiento mediante el cual se intenta alterar la estructura y la distribución del poder, o bien incidir sobre los procesos de cohesión e integración social en el seno de una población dada,40 es decir, es un método específico dentro de la violencia política. En este concepto caben acciones como los atentados cometidos por las FARC durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe en 2002.

Para que la violencia terrorista consiga los efectos de temor e impacto psíquico suele perpetrarse de manera sistemática y a la vez imprevisible. La muerte o mutilación de las víctimas se utiliza para transmitir mensajes y dotar de credibilidad a amenazas, lo que convierte al terrorismo en un método tanto de comunicación y propaganda, como de control social. Precisamente esta lógica lo distingue de otras formas de violencia que se llevan a cabo tratando de eludir cualquier publicidad, como es el caso de la delincuencia común o del crimen organizado con fines lucrativos.41 El terrorismo adopta una orientación insurgente si aspira a modificar las relaciones de poder o el orden social existente. Es posible distinguir entre el uso táctico o auxiliar del terrorismo, por un lado, y su utilización con carácter estratégico o preferente, por el otro.42 En Colombia se registran acciones terroristas, pero el conflicto se desenvuelve habitualmente con combates entre los actores, es decir, con acciones bélicas de guerra.

Como se ha visto hasta aquí, el terrorismo se usa dentro del conflicto con diferentes fines, pero el terrorismo como tal no es un fin por sí mismo. Lo que define un acto como terrorista no es la legitimidad o no del fin político que persigue, sino el medio del que se vale para lograrlo.43 Por eso un mismo actor lo usa con diferentes fines y a través de prácticas diferenciadas, es un método pero no el fin mismo de los grupos. Desde luego esto no justifica sus acciones, que son condenables desde todo punto de vista y ponen en entredicho la legitimidad de sus fines.

Para finalizar este apartado es importante resaltar que, además de los medios aplicados por los grupos no estatales en conflicto, el gobierno colombiano y las fuerzas militares también tienen una importante responsabilidad. El discurso gubernamental en Colombia condena la violencia extrema, "la degradación" de la violencia de los grupos subversivos, por ejemplo, pero olvida que la institucionalidad también ha sido una promotora de la violencia indiscriminada, y no sólo por omisión sino como sujeto activo.44 La violencia de los grupos no estatales se considera irracional, bárbara, injustificada, mientras que la violencia del establecimiento es "justa" y "preventiva". Desde luego es un deber del gobierno mantener la estabilidad y velar por la seguridad, pero muchas veces son las políticas de seguridad del Estado mismo las que ponen en riesgo a los civiles y violan las convenciones en materia de conflictos y derechos humanos. Tal como frecuentemente lo han denunciado organismos internacionales de derechos humanos, en Colombia la violencia contra los civiles es ejercida por todos los actores involucrados en la confrontación.

La importante cantidad de recursos que recibe Colombia por parte de los Estados Unidos ha puesto el caso colombiano en la palestra del senado americano en numerosas ocasiones. Uno de los temas que más controversia suscita entre demócratas y republicanos es el envío de dinero a un país en el que las fuerzas armadas han sido acusadas de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y en el que el paramilitarismo ha crecido en connivencia con los organismos militares estatales. La presión norteamericana sobre el control de las violaciones a los derechos humanos y el control del paramilitarismo como condición del envío de ayuda económica, entre otros, ha llevado a un esfuerzo sincero por controlar los desmanes militares. La seguridad humana se plantea en términos de "libres del miedo" y "libres de necesidad". El primer paso es asegurar que el Estado, fuente de la distribución de los beneficios sociales, no sea un distribuidor del miedo.

Conclusiones

El caso colombiano ha sido usado en este documento para demostrar que el conflicto colombiano ha sido abordado a través de marcos explicativos que resultan insuficientes para explicar la guerra y sus dinámicas y que además tienen efectos negativos sobre la evolución del mismo conflicto. Estas narrativas no apuntan a la totalidad de los factores que producen el conflicto, llevando a la invisibilización de algunos factores causales o de las interacciones entre estos, como por ejemplo la relación entre las economías de la guerra y la población, o la relación entre estas economías y el sistema económico global. Así mismo invisibilizan sus consecuencias. Más aun, las narrativas que dividen como irreconciliables la "codicia" y el "agravio" fallan al desconocer que estos dos fenómenos están relacionados y se retroalimentan, además de olvidar que son constantes en la historia de todas las guerras internas e internacionales.

La forma en la que se explica el conflicto colombiano, la sucesiva transformación de sus narrativas siempre girando alrededor de una amenaza de seguridad, ha dado lugar a soluciones que profundizan la confrontación. Pese a que los grupos armados envueltos en la confrontación han cometido y cometen acciones deplorables, muchas de ellas terroristas, es necesario atender a las bases sociales y estructurales del conflicto, tanto la existencia de un discurso político que busca la toma del poder como de una población de la cual extraen combatientes todos los actores armados y su vinculación a un sistema de economía depredadora. Este documento invita desde una perspectiva crítica a la construcción de una "seguridad humana" que aborde de manera amplia las implicaciones de los conflictos, que los entienda como fenómenos en los que confluyen múltiples intereses (inclusive los de actores legales del sistema internacional) y que se aleje de la simple securitización de la pobreza para convertirse en una garantía de acceso al bienestar y al Estado de Derecho para todos.

Desde este trabajo se apunta entonces, para concluir, a la construcción de narrativas del conflicto que integren el agravio a la economía política de la guerra, que superen la visión clásica de seguridad estatal para convertirse en políticas que entiendan que la guerra y sus desastres son la punta del iceberg de procesos de trasformación social profundos, que no pueden ser ignorados para ser tratados como amenazas de seguridad, sino que requieren de la reconstrucción de las estructuras y de los consensos sociales, y especialmente de la responsabilidad de todos los actores nacionales y del sistema internacional.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

1. Ramírez, W, "¿Guerra civil en Colombia", en: Análisis político 46, 2002, p.160.

2. El realismo considera que los Estados actúan únicamente siguiendo su propio interés y que su principal objetivo es obtener poder en el orden internacional. La guerra entre Estados es por tanto inevitable y la seguridad se convierte en uno de los aspectos determinantes de las relaciones internacionales. A su vez, lo que ocurre dentro de los Estados no tiene nada que ver con sus relaciones exteriores en las que todos los países buscan lograr su preeminencia.

3. El neorrealismo por su parte explica los acontecimientos internacionales basándose en la distribución del poder entre las naciones, más que en el poder militar de cada una de ellas. En este caso las naciones menos poderosas se convierten en piezas del juego de las más poderosas que trasladan su disputa a pequeños campos de batalla.

4. Los países integrados al sistema de producción y ubicados en el centro político de la confrontación son el centro del sistema, mientras que los países no integrados y sin capacidad de decisión son considerados como la periferia del sistema. Esta distinción es habitualmente usada dentro de los análisis de las teorías del subdesarrollo.

5. El antecedente directo del conflicto colombiano es el periodo de "La Violencia", que va de 1948 hasta 1960 aproximadamente. La Violencia fue un proceso de violencia selectiva ejercida por seguidores de los dos artidos políticos tradicionales (Conservador y Liberal) y en menor medida por seguidores del Partido Comunista colombiano.

6. Kaldor, M., Las nuevas guerras, violencia organizada en la era global, Barcelona, Tusquets, 2001.

7. Grievance es la acepción inglesa con la que suele denominarse a las deficiencias sociales que sustentan los levantamientos de carácter revolucionario y que en buena medida los justifican.

8. Duffield, M, Las nuevas guerras en el mundo global, Madrid, Catarata, 2004, p. 40.

9. Marchal, R. y Messiant, C., "Las guerras civiles en la era de la globalización: nuevos conflictos y nuevos paradigmas", en: Análisis Político, num.50, 2004, p.22.

10. Duffield, M., Las nuevas guerras en el mundo global, Madrid: Catarata, 2004, p. 156.

11. ídem, p. 168-169

12. ídem, p. 209.

13. Centro Editorial, Universidad Nacional de Colombia, 1987.

14. Gaitán, F., 1995, "Una indagación sobre las causas de la violencia en Colombia" en: Deas, M. y Gaitán, F., Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, Bogotá, FONADE y DNP, 1995, p. 37.

15. Base de datos sobre la violencia en Colombia , CINEP.

16. Holsti, K., The State, the war and the state of war, Cambridge UK: Cambridge University Press, 1991, p. 99-122.

17. Duffield, M., Las nuevas guerras en el mundo global, Madrid: Catarata, 2004, p. 209.

18. ídem p. 209.

19. Paul Oquist usó tempranamente el concepto de "colapso parcial del Estado". Oquist, P., Violencia política y conflicto en Colombia, Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos, Banco Popular, 1978.

20. Holsti, K., The State, the war and the state of war, Cambridge UK: Cambridge University Press, 1991, p. 94.

21. Mc. Lean, P., "Colombia: Failed, Failing, or Just Weak?", en: The Washington Quarterly, Summer 2002, p.123.

22. Pecaut, D. "Colombia: violencia y democracia", en: Análisis político no. 13, May/Ago 1991. pp. 35-49.

23. ídem. p.42.

24. Ver los trabajos de: De Sousa, B. y García, M., El Calidoscopio de las justicias en Colombia, Bogotá, COLCIENCIAS, U. de Coimbra, CES, UN, Siglo XXI Editores, 2001; Orozco, I., Combatientes rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia. Bogotá, Editorial Temis, UN, 1994; Uprimny, R., 1990. "La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia", en: Plan Nacional de Rehabilitación. Las violencias en Colombia: hechos, interpretaciones y búsqueda de alternativas, Bogota, CEREC,1993.

25. Deas, M., "Canjes violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia", en: Deas, M. y Gaitán, F., Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia, Bogotá FONADE y DNP, 1995, p. 79.

26. Woodward, S., "Fragile states exploring the concept", Working paper FRIDE, 2004, p. 2.

27. Véanse: Collier, P., "Economic Causes of Civil Conflict, and Their Implications for Policy", World Bank, 2001; The Economic Causes of Internal Conflict, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2001; y Collier, P., Hoeffler, A. y otros, Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy, Washington: The World Bank, Oxford University Press, 2003.

28. Restrepo, J., "Análisis económico de los conflictos internos", Documentos Ideas Paz, 2001, p. 9.

29. Ídem p. 10.

30. Duffield, M., (2004), Las nuevas guerras en el mundo global, Madrid: Catarata, 2004, p. 175.

31. El Plan Colombia, en su origen, es presentado por el gobierno Pastrana a la administración Clinton como un programa económico y social para consolidar la paz. Terminó convertido una estrategia de lucha frontal contra las drogas, y más adelante contra los grupos guerrilleros, a través de un componente militar y uno social que está financiado en gran parte por los EEUU. Entre sus medidas más polémicas destaca la fumigación de cultivos ilícitos.

32. Guáqueta, A., "The Colombian Conflict: Political and Economic Dimensions", en Ballentine, K. y Sherman, J. (edits), The Political Economy of Armed Conflict: Beyond the Greed and Grievance, London: Lynne Rienner Publishers, 2003.

33. Entrevista a Milton Friedman traducida por Adriana de la Espriella y publicada en la revista Arcanos de mayo-julio de 2001, pp. 40-45.

34. Materia prima de la producción de heroína.

35. Tal como titulaba un reportaje de un diario colombiano: "El narcotráfico, la multinacional de los pobres".

36. Lair, E., "Reseña del libro New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era", en: Análisis Político. Núm. 45, 2002, p. 105.

37.Wieviorka, M., "Terrorismo y violencia política", Revista Internacional de Sociología Tercera Época, núm. 2, 1992, p. 170.

38. Tickner, A. (ed.), 2004. "Colombia y Estados Unidos, desafíos de una alianza", Policy Paper Colombia Internacional, Bogotá, Colombia internacional, 2004, p. 2.

39. Reinares, F., Terrorismo global, Madrid, Santillana, 2003, pp. 16-18.

40. Ídem pp. 16-18

41. Ídem pp. 16-18

42. Ídem pp. 16-18

43. Gil, L., "La ONU y el terrorismo", 2004, Documento ocasional de la Fundación Seguridad y Democracia, disponible en www.seguridadydemocracia.org

44. Los casos de violación al derecho internacional humanitario y los derechos humanos por parte de las fuerzas militares colombianas están ampliamente documentados en informes de diversas instituciones como Amnistía Internacional o Humans Rights Watch.


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